El caso Amazon demuestra que urge una reforma fiscal en Europa

Es hora de reconocer la necesidad de acometer una armonización regulatoria que tapone los agujeros de la fiscalidad comunitaria

La justicia europea ha vuelto a propinar un fuerte varapalo a Bruselas en el marco de la lucha contra las ayudas fiscales ilícitas concedidas por países comunitarios a grandes compañías tecnológicas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE respalda las ventajas tributarias por valor de 250 millones de euros que Luxemburgo concedió en su momento a la multinacional estadounidense Amazon y que la Comisión Europea ordenó posteriormente devolver por considerarlas ilegales. El fallo del tribunal señala que no se ha probado la existencia de una “ventaja selectiva en favor de una filial luxemburguesa del grupo Amazon” y anula la decisión de Bruselas, que declaró la ayuda incompatible con el mercado interior. La sentencia resalta que la CE –quien defendió que la compañía de internet había pagado cuatro veces menos impuestos que las empresas locales– no ha podido demostrar de manera suficiente la aplicación de una reducción indebida de la carga fiscal a la filial europea de Amazon.

El dictamen conocido ayer no constituye la primera derrota judicial que sufre Bruselas en su lucha contra la fiscalidad a medida para los gigantes multinacionales. El Tribunal de la UE ya anuló otra decisión similar de la CE, que exigió a Apple la devolución de 13.000 millones a Irlanda por considerarlas ayudas fiscales. Otro tanto sucedió con Starbucks, a quien se requirió para que reintegrase 30 millones a Holanda o con 39 empresas belgas, a las que se exigió indebidamente una factura fiscal de 700 millones. En justicia, también hay que recordar que hay decisiones de la CE en este ámbito que han sido respaldadas por la justicia europea. Es el caso de otra sentencia del Tribunal de la UE, conocida también ayer, que confirma que la compañía francesa Engie está obligada a devolver 120 millones a Luxemburgo, o la que obligó a Fiat a devolver 30 millones, también a Luxemburgo.

Pese a esos éxitos, en el balance de actuación de la CE hay fracasos lo suficientemente serios como para inducir a una seria reflexión acerca de la estrategia correcta en esta materia. Más allá de la conveniencia de adoptar un mayor rigor en la construcción de los expedientes, de forma que puedan acreditar con solidez y seguridad ante la justicia las irregularidades que plantean, es hora de que Europa reconozca la necesidad de acometer una reforma regulatoria que tapone sin fisuras todos los agujeros de la fiscalidad comunitaria, establezca normas fiscales claras y armonizadas en todos los estados miembros y sirva de escudo legislativo para defender con solidez los intereses europeos –y la libre competencia– en este tipo de conflictos.