El Gobierno aprueba la ley de ‘riders’ y obligará a las empresas a contratar a los repartidores

Trabajo conforma un grupo de expertos para estudiar los efectos de la inteligencia artificial en las relaciones laborales

El Gobierno aprobó este martes la esperada ley de riders, una norma que fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio que ha tardado en llegar al Consejo de Ministros varios meses desde que el pasado 10 de marzo la cartera de Trabajo, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme alcanzasen un acuerdo. La norma, a grandes rasgos, obligará a las empresas que se nutren del trabajo de los repartidores a contratarlos en el plazo máximo de tres meses. “Un joven que va en bici con una app no es un emprendedor”, resumió la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Con la aprobación de la ley, afirmó Díaz tras el Consejo de Ministros, “España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. No hay ningún país que se haya atrevido a hacerlo. El mundo, créanme, está mirando a España”.

La norma, que afecta a entre 15.000 y 18.000 repartidores a domicilio según los respectivos cálculos de las plataformas afectadas y el Ministerio de Trabajo, señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. En términos de recaudación, la regularización de los riders tendrá un impacto de 29 millones de euros, según los cálculos recabados por la Inspección de Trabajo dados a conocer por Díaz.

En el texto se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, como pueden ser Deliveroo, Glovo, Stuart o Uber Eats. La norma se alinea de esta forma con la sentencia que dictó el Supremo en septiembre de 2020 –posterior a fallos de otros tribunales menores–, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no falsos autónomos con contrato mercantil. Por ello, las compañías tendrán que dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social o recurrir a subcontratas que hayan hecho lo propio, liberando a los repartidores de tener que abonar la cuota de autónomos.

Este es uno de los puntos que divide a los propios riders. Mientras que unos aplauden su regularización, otros, que se manifestaron en varias ciudades contra la norma, reclaman poder seguir ejerciendo como trabajadores autónomos.

El acuerdo contempla también que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de “las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles”. El objetivo de este apartado, aseguró Díaz, es evitar sesgos o penalizaciones, ya que “todo el mundo tiene derecho a saber las razones de las decisiones que le afectan”, por lo que no se “pueden automatizar” a través de un algoritmo “sin dar explicaciones al trabajador o la trabajadora”.

Al otro lado, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a los principales operadores del país, lamentó la aprobación por la vía de urgencia y sin debate parlamentario “de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, los propios repartidores”. “No le tengan miedo a los derechos laborales”, respondió Díaz.

A todas las empresas

El decreto aprobado, que obliga a las empresas a revelar a los representantes de los trabajadores las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, se ampliará también al conjunto de compañías que se nutren de estas herramientas. Así, explican fuentes del ministerio, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo.

La ministra afirmó que esta medida es la “más ambiciosa” de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden “sesgar” las relaciones laborales. “Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales”.

De esta forma, el nuevo decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 64 se añade un derecho a la información por el cual los trabajadores podrán conocer los algoritmos que inciden en sus condiciones de trabajo, así como en el acceso y mantenimiento del empleo.

En esta línea, Díaz también anunció la puesta en marcha de un grupo de expertos que estudie el buen uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales a gran escala. “Necesitamos del saber colectivo para poder tener solvencia y claridad respecto de cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales para que el uso de las fórmulas matemáticas sea neutro y no penalice a los trabajadores”.