Calviño prevé que el número de trabajadores en ERTE siga bajando
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital señala que las personas en suspensión temporal de empleo se encuentran en niveles mínimos desde marzo
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que las cifras de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) están en niveles mínimos desde el inicio de la pandemia y ha anticipado que lo "previsible" es que la senda descendente se mantenga en los próximos días conforme se continúen levantando las restricciones a la movilidad.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, donde, a petición propia y de los grupos Popular, Vox y Plural, ha informado sobre la actualización de las previsiones macroeconómicas y el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, entre otros asuntos. Calviño ha indicado que el pasado martes se alcanzó un nuevo mínimo de trabajadores en situación de ERTE, con "11.000 por debajo de los 632.000 de octubre de 2020", una senda de reducción que comenzó a partir de mediados de febrero tras el impacto de la tercera ola.
La titular del Departamento de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha valorado que los datos de paro y afiliación del mes de abril corroboran que "el primer trimestre fue de menos a más", con una mejora desde la segunda mitad de marzo, manteniendo una tendencia positiva que sigue avanzando. En concreto, durante abril, la afiliación media subió en 134.000 personas y se recuperó la cifra de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. "Nos hemos quedado solo a 150.000 afiliados de las cifras prepandemia", ha asegurado Calviño durante su comparecencia ante la Cámara Baja. Además, 36.600 personas salieron de los ERTE durante abril, con lo que el mes finalizó con menos de 640.000 trabajadores cubiertos por este mecanismo.
73.300 millones en ayudas directas
El gasto público en ayudas directas asociado a la respuesta a la pandemia durante 2020 y la previsión para 2021 se eleva a más de 73.300 millones de euros, lo que supone el 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha informado Calviño. La vicepresidenta segunda ha explicado que a esta cantidad hay que añadir los 158.000 millones en financiación y liquidez movilizados a través de garantías, avales, moratorias fiscales, o pagos a la Seguridad Social, entre otros.
Solo en 2020, el gasto público asociado con la respuesta a la pandemia rozó los 45.000 millones de euros, el 4% del PIB, de los que 29.300 millones corresponden a las ayudas a empresas, trabajadores y autónomos. Entre las medidas abordadas durante este tiempo, la vicepresidenta ha señalado el decreto de 11.000 millones para pymes y autónomos, un fondo destinado a paliar los riesgos por falta de solvencia de las empresas.
Dentro de este fondo, se incluyen 7.000 millones de ayudas directas que gestionarán las comunidades autónomas y que se destinarán a las empresas afectadas por la crisis. En este sentido, la titular del departamento económico ha avanzado que ya hay 12 comunidades que han firmado los convenios para recibir los fondos, siendo Extremadura y Castilla-La Mancha las primeras regiones a las que ya se les ha transferido el dinero correspondiente.
Además, la vicepresidenta segunda ha recordado que en los próximos días, en torno al 7 de mayo, según lo avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se van a pagar los recursos correspondientes a la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla y León. En relación con este fondo, el Consejo de Ministros aprobó posteriormente otro real decreto ley, que se llevará a convalidación al Pleno de la Cámara el próximo jueves, según ha avanzado la vicepresidenta, para que cada territorio pueda incrementar el listado de sectores elegibles para las ayudas en función de las particularidades que la crisis económica haya tenido en cada región.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del real decreto ley para que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, incluyéndose la posibilidad de dar ayudas a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.