La logística y el transporte se suman al PP en la batalla contra el pago por uso en autovías
La patronal UNO estudia con el grupo popular en el Senado la moción contra cualquier proyecto de tarificación
La patronal de la logística y el transporte UNO se ha mostrado frontalmente en contra de cualquier proyecto de pago por uso en las autovías después de que el Gobierno lo haya incluido en el ramillete de reformas prometidas a la Comisión Europea para la recepción de la lluvia de fondos para la recuperación de la economía. En concreto, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el objetivo de un futuro mecanismo de tarificación es garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras.
El presidente del UNO, Francisco Aranda, ha mantenido esta mañana una reunión con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para estudiar el contenido de la moción que éste ha presentado en la Cámara Alta contra el cobro de peajes. El documento irá a debate a la Comisión de Transportes.
Aranda ha señalado que “aumentar la recaudación a base de propuestas como esta, que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte, es tremendamente inoportuno”. Desde el punto de vista del presidente de UNO, están en riesgo la competitividad y el crecimiento del sector cuando se trabaja en convertir España en un punto neurálgico de la logística. “Esperamos que esta iniciativa evite que debamos pagar de nuevo por algo cuyo coste ya asumimos con nuestros impuestos”, ha sentenciado Francisco Aranda.
Desde el Grupo Popular, Francisco Bernabé ha resaltado que “las autovías son infraestructuras públicas y gratuitas porque los españoles ya hemos pagado con nuestros impuestos su construcción”. Sin embargo, la factura por la conservación del entramado de carreteras de alta capacidad merece más de 1.000 millones anuales, que el Ejecutivo intentaría que fuera autofinanciado por las propias infraestructuras.
Bernabé ha criticado la falta de consenso y diálogo sobre un tema que lleva años sobre la mesa y que siempre ha contado con fuerte contestación de la opinión pública y del sector del transporte profesional, cuyo peso en el PIB es del 8,5%. Hasta ahora, cada uno de los Gobierno, ya fuera del PP o del PSOE han tratado de buscar un pacto político para afrontar el debate de la financiación de las infraestructuras. El actual Ejecutivo llegó a registrar una subcomisión en el Congreso para tratar este complejo debate.
Trámites previos
Tal y como informó Cinco Días el pasado mes de febrero, la posibilidad de la implantación de ecotasas en autovías y en la entrada a ciudades también ha sido prevista en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que tramita el Ministerio de Transportes. En este caso se esgrimía el argumento de quien contamina, paga. Pero el sector del transporte ya mostró su rechazo ante la falta de alternativas energéticas competitivas y viables para descarbonizar su operativa en el corto o medio plazo.
Sea a través de tasas verdes o de peajes blandos generalizados, el sector del transporte pesado creía sentirse a salvo por el compromiso por escrito del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, expresado el pasado verano. El número dos del Ministerio señaló ante el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que “no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.
También se ve al margen el transporte de viajeros por carretera, al operar en autovías esencialmente concesiones sujetas a obligaciones de servicio público.
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