Un respaldo al desarrollo del 5G y al esfuerzo inversor de las telecos

El Gobierno apuesta acertadamente por el futuro tecnológico y sus beneficios para la economía frente a un cálculo más cortoplacista y favorable a los ingresos públicos

La carrera por el desarrollo del 5G requiere un esfuerzo notable en tecnología e inversiones, buena parte del cuales recaerá sobre las empresas del sector. Se trata de una competición para la que España está extraordinariamente bien situada por la fortaleza y penetración de las infraestructuras y tecnologías móviles en el país. El mercado español de telecomunicaciones es líder europeo por número de conexiones de fibra óptica, lo que se traduce en que un 99 % de la población tiene acceso a internet y telefonía. El despliegue del 5G requerirá un montante de fondos cercano a los 5.000 millones de euros, de los cuales unos 3.000 millones deberán ser aportados por la industria. El peso que suponen esos desembolsos sobre un sector que ha realizado ya fuertes inversiones en el despliegue de fibra óptica y que está acusando caídas de ingresos por la fuerte competencia y la tendencia hacia el low cost ha llevado al Gobierno a proponer un cambio regulatorio que suavice las condiciones para acceder a las concesiones del espectro radioeléctrico. La reforma, que será aprobada hoy en Consejo de Ministros, supone ampliar de 20 a 40 años la vigencia de las concesiones, lo que permitirá a las operadoras disponer de mucho más tiempo para amortizar sus inversiones, multimillonarias y de facto obligatorias, dado que sin las frecuencias no es posible ofrecer servicios de telefonía móvil.

El cambio regulatorio del Gobierno, que está amparado por la normativa europea, la cual contempla ya un plazo máximo de 40 años de vigencia para las concesiones, se aplicará a las frecuencias de 700 MHz, fundamentales para el futuro 5G, y que el Ejecutivo prevé subastar en las próximas semanas. La nueva norma constituye además una respuesta al malestar del sector por el precio de salida de la subasta de 1.170 millones de euros, fijado en las bases de licitación, y muy criticado por las compañías. Estas recibieron ayer con satisfacción una solución que aumenta la sostenibilidad del sector y permite dar mayor previsibilidad a la inversión, algo que demandan siempre los fondos de la regulación. Aunque la tecnología móvil tiene una vida útil media inferior a 40 años, las telecos tendrían la opción de dedicar en un futuro esas frecuencias a otras nuevas generaciones de infraestructuras.

La reforma que aprobará hoy el Gobierno constituye un respaldo firme a la industria española de telecomunicaciones y a su potente esfuerzo inversor, así como una apuesta por el despliegue del 5G en España. Se trata de una estrategia que apuesta acertadamente por el futuro tecnológico y sus beneficios para la economía en general frente a un cálculo cortoplacista y más favorable a los ingresos públicos en particular.