Función pública

Las plazas ocupadas por interinos deberán cubrirse en un máximo de tres años

Miquel Iceta se reunirá con todas las partes para lograr un acuerdo

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. GTRES

El Estatuto Básico del Empleado Público va a ser reformado para incluir la obligatoriedad de las Administraciones públicas de cubrir las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo, es decir, los interinos, en un máximo de tres años.

La intención es reducir la tasa de temporalidad en la función pública, que en algunas Administraciones como la autonómica supera el 30%, sobre todo en las áreas de salud y educación. En los ayuntamientos es de un 13% y en la Administración General del Estado (AGE), de un 8%. “No se puede tener a una persona 20 años con un contrato temporal y vamos a prohibir que se haga”, afirmó ayer en la Comisión de Función Pública del Senado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para quien el objetivo es alcanzar una tasa inferior al 8% en el conjunto de las administraciones.

Iceta informó de que la reforma del estatuto “tiene como objetivo desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”.

El compromiso adoptado ayer por el ministro es que “antes del verano las comunidades autónomas, los entes locales y los sindicatos alcancemos un acuerdo”.

Nada más conocer lo anunciado en el Senado, el sindicato mayoritario en la función pública, CSIF, reclamó a Miquel Iceta “una reunión para conocer de primera mano la propuesta”, así como también “complementar nuestro marco legislativo en línea con las directivas europeas”.

Además, el ministro declaró que en septiembre llevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado para consolidar “un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz y motivador”. El texto creará la figura del directivo público profesional, “elemento clave que nos acercará a los modelos de función pública más avanzados”, dijo.

Otra novedad que llegará en septiembre será el real decreto que implantará el teletrabajo en la AGE y que será una oportunidad para “zonas en declive poblacional”. También se trabaja en un Plan de Captación del Talento para promover que los ciudadanos se orienten laboralmente a la función pública.

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