Hacienda se da un año para impulsar una reforma fiscal con el foco en Sociedades y Patrimonio
Montero ha constituido este lunes un comité de 17 expertos para rediseñar el modelo impositivo y la financiación autonómica con miras a impulsar los primeros cambios en los Presupuestos de 2022
El Gobierno ha dado el primer paso hoy para impulsar una reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación autonómica con la constitución de un grupo de 17 expertos en la materia a los que da casi un año para presentar sus conclusiones.
En todo caso, según ha anticipado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, la idea es aprovechar las conclusiones preliminares del comité de expertos para introducir algunos primeros cambios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022.
La prioridad, ha avanzado Montero, será revisar al alza la imposición de Sociedades, para garantizar una tributación mínima por parte de las grandes compañías, así como las figuras que gravan la riqueza, como Patrimonio.
El grupo de expertos constituido hoy por Hacienda, en un acto realizado en el Instituto de Estudios Fiscales, estará presidido por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta, director de laboratorio de la Fundación Alternativas, ligada al PSOE. Contará con 15 vocales y un secretario. El grupo deberá entregar el libro blanco fiscal que se les ha encomendado el 28 de febrero de 2022. A partir de ahí, el objetivo es aprovechar este documento para rediseñar todo el sistema fiscal español a fin de recortar los puntos de diferencia con la media de presión fiscal de la UE dando luz a un sistema más “justo y progresivo”.
Los expertos abordarán también la necesidad de desarrollar una fiscalidad medioambiental, avanzar en el gravamen de los negocios digitales y revisar las aportaciones de las grandes fortunas y compañías de mayor tamaño, entre otros objetivos.
La reforma de Sociedades
En el campo de la reforma de Sociedades, el Gobierno ya venía trabajando en la idea de establecer tipos mínimos que impidiesen a las grandes compañías rebajar con fuerza el tipo efectivo que abonan gracias a deducciones fiscales y otras medidas.
Montero ha valorado positiva que la Casa Blanca de Joe Biden se haya sumado a esta corriente de opinión, que ya se barajaba a nivel global en el seno de la OCDE, y ha confiado en un pronto acuerdo global en este terreno.
En todo caso, en declaraciones a la prensa, la ministra ha anticipado que está dispuesta a impulsar una legislación nacional que pueda ser luego sustituida por la que se pacte internacionalmente, como se ha hecho con la tasa Google, por ejemplo, habida cuenta que un consenso internacional previsiblemente se demore.
Las prioridades, ha dicho Montero, son crear un tipo mínimo similar en todos los países, que evite una competencia entre estados, y en conseguir que el gravamen se produzca allá donde las compañías tienen su actividad, es decir donde cuenten con usuarios o clientes, en vez de donde tienen su sede.
En este campo, el Gobierno español ya barajó la idea de crear un tipo mínimo de Sociedades del 15% (y del 18% para banca y petroleras) para impedir que las grandes compañías acaben pagando menos de esos umbrales frente al 25% de tipo nominal del impuesto (30% para entidades y petroleras).
Impuesto a las rentas altas
El presidente del comité de expertos ha subrayado la importancia de revisar la regulación de Sociedades, a escala nacional y en el seno de esta discusión global, así como en la necesidad de analizar cómo se deben gravar las actividades digitales y cómo adaptar el modelo tributario a la transformación medioambiental de la actividad.
Más allá, el experto ha recordado la propuesta del Fondo Monetario Internacional de “`proponer un impuesto temporal de solidaridad, pagado por sujetos de niveles de alto nivel de renta o riqueza y por las grandes empresas” para sufragar los costes de la crisis en el corto plazo a la espera de rediseños más ambiciosos.
En este sentido, Ruiz Huerta ha puesto de relieve el fuerte descuadre de las cuentas públicas que ha supuesto la pandemia, en términos de déficit y deuda pública, lo que hace necesario que el nuevo modelo fiscal ayude a corregir los desequilibrios y a garantizar los recursos necesarios para ofrecer los servicios públicos imprescindibles.
Revisión de deducciones y bonificaciones
La reforma será integral, ha defendido la ministra de Hacienda, que ha confirmado que se revisarán todos y cada uno de los impuestos del sistema fiscal español, y "desde las deducciones a las bonificaciones fiscales e incentivos".
El objetivo, ha dicho "es que el sistema tributario además de garante de la igualdad sea acompañante necesario de las transformaciones económicas que nuestro tejido productivo tiene que vivir en los próximos años para que salgamos con una economía más reforzada y que deja atrás los diferenciales con Europa en recaudación y en el mercado laboral”, ha defendido Montero.
Armonización autonómica
“El reto que se tiene por delante es de los más difíciles a los que se enfrenta un Ejecutivo y un grupo de expertos”, ha expuesto Montero, valorando la generosidad de los expertos que han aceptado el encargo a la hora de acometer semejante desafío. “Ojalá que la próxima década sea de progreso y bienestar, más justa para los ciudadanos, aportando cada uno en función a sus posibilidades”, ha dicho.
La ministra ha subrayado la necesidad además de recuperar la legitimidad de determinadas figuras tributarias que están siendo denostadas desde algunos ámbitos políticos. Aunque no lo ha citado, sería el caso del Impuesto de Patrimonio, muy criticado por el PP, que lo bonifica plenamente en Madrid, por ejemplo
El debate de la armonización fiscal entre las comunidades autónomas será, de hecho, una de las patatas calientes que se deja en manos del comité de expertos a los que se da, ha dicho Montero, plena libertad para opinar y aportar propuestas en un marco en el que el Gobierno pide homogeneizar las figuras fiscales de todas las regiones y autonomías como la madrileña reclaman autonomía para decidir y seguir bajando la presión fiscal.
La composición del comité de expertos
Presidente
Jesús Ruiz-Huerta
Catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Vocales
Fran Adame
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla.
Antonia Agulló
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
Olga Cantó
Catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares
Laura de Pablos
Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Santiago Díaz de Sarralde
Profesor titular de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
Xavier Labandeira
Catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.
Santiago Lago
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo
Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra
Julio López Laborda
Catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza
David López Rodríguez
Economista superior en la División de Análisis Estructural del Banco de España.
Carlos Monasterio
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.
Saturnina Moreno
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla la Mancha.
Violeta Ruiz-Almendral
Profesora Titular de Derecho financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.
Maria Teresa Soler
Catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante.
Marta Villar
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo.
Secretario
Alain Cuenca
Director General del Instituto de Estudios Fiscales.
