La armonización de precios en la universidad aún deja diferencias de 2.700 euros entre regiones

Cataluña reduce casi un 30% el coste medio de los grados

Gobierno y CC AA igualarán el precio de la carrera y el máster habilitante

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A finales del pasado marzo, el Ministerio de Universidades y las consejerías autonómicas del ramo aprobaron equiparar los precios medios de los másteres habilitantes –obligatorios para ejercer determinadas profesiones como la Psicología, Abogacía, Arquitectura o varias ingenierías– a los precios medios del grado. La medida, que supondrá un esfuerzo adicional por curso de 10,5 millones de euros para los gobiernos autonómicos, se enmarca en el plan de armonización fiscal a gran escala puesto en marcha el pasado año por el Ejecutivo para reducir los precios de los grados e igualarlos entre comunidades en el curso 2022-2023 como muy tarde. Sin embargo, según el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español, publicado la semana pasada por la cartera de Manuel Castells, esta armonización avanza todavía a paso lento.

De las 10 autonomías que tienen que llevar a cabo esta rebaja en los grados, solo tres han impulsado ya reducciones sustanciales. Es el caso de La Rioja (un abaratamiento del 3,7% en el precio medio de los créditos de un curso a otro), Aragón (3,8%) y sobre todo Cataluña (29,9%). Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Madrid han hecho pequeños avances (siempre por debajo del 2,6%), y Baleares, Murcia y el País Vasco han optado por no tocar los precios aún. En consecuencia, estudiar un grado en las dos comunidades más costosas, Madrid y Cataluña, es todavía 2.700 euros más caro que hacerlo en Galicia, la más asequible. Y siempre, en el mejor de los casos, ya que los costes aumentan con el suspenso de cada asignatura.

Estas cifras son el resultado de multiplicar el precio medio de cada crédito por los 240 de los que consta un grado. Así, los 23,2 euros por crédito de Madrid y los 22,7 de Cataluña arrojan un coste mínimo de 5.568 y 5.448 euros por titulación, respectivamente. En Galicia, los 11,8 euros por crédito redundan en un precio mínimo de 2.832 por carrera. En todos los casos, los créditos varían en función del nivel de experimentalidad del título y se encarecen si el alumno suspende la convocatoria, por lo que la brecha entre comunidades puede llegar a ser mucho mayor.

El acuerdo alcanzado recientemente para rebajar los másteres habilitantes, que suponen una obligación para el alumno, tiene el objetivo de acabar con las fuertes brechas internas de las propias comunidades. Salvo en Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, el precio medio del crédito en estos títulos supera al del grado con una diferencia que se vuelve especialmente llamativa en Castilla y León (14,5 euros), Baleares (8,3), País Vasco (6,9), Cataluña (6,8) y Madrid (6,7 euros). El gran agujero, no obstante, está en la universidad a distancia (UNED), con 23,5 euros de brecha entre el crédito de una carrera y el de uno de estos másteres.

Aparentemente, las diferencias no son tan elevadas, pero al multiplicar el precio medio por los 60 o 120 créditos de los que constan estas titulaciones –en función del tiempo de duración– es cuando afloran las grandes desemejanzas.

Castilla y León, Madrid y Cataluña son las comunidades en las que más dinero cuesta cursar un máster habilitante. En la primera, el precio medio del crédito se sitúa en los 31,1 euros, mientras que en las otras dos alcanza los 29,5 euros. Multiplicado por los 120 necesarios en el caso de una titulación de dos años, las cifras arrojan un coste total de 3.732 y 3.540 euros, respectivamente.

Así, en Madrid y Cataluña, y siempre en términos medios, el ciclo completo de un grado que necesite un máster habilitante alcanzaría los 9.000 euros por alumno si no se suspende ninguna convocatoria. En Castilla y León la cifra rozaría los 8.000 euros. En Galicia, la más barata, el ciclo no llegaría a los 4.200 euros, menos de la mitad que en las dos más costosas.

La rebaja de precios en los másteres pactada entre Gobierno y autonomías (con el voto en contra de Madrid y la abstención de País Vasco) supondrá una pérdida de recaudación para las universidades, que tendrán que ser compensadas por la propias autonomías ante la negativa del Gobierno central a destinar más dinero.

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