11.000 millones para rescatar solo a ‘empresas viables’

Va a ser complicado para muchas pymes cumplir las condiciones que ha fijado el Gobierno para las ayudas

Hace unos días el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley que regula la distribución de los fondos, en concreto 11.000 millones de euros en total, llegados a España desde Europa. ¿En qué tenemos pensado invertir ese capital? En el rescate del colectivo de autónomos y empresas afectadas por la pandemia.

La cuestión es: ¿al rescate de todos los afectados? Al contrario de lo que podría parecer en un primer momento, me temo que rotundamente no. De hecho, a esperas de que se esclarezcan los detalles del nuevo sistema de ayudas, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dejaba claro el objetivo del nuevo esfuerzo realizado por el Gobierno. “Tratamos de aliviar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento que pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas perfectamente viables y que, con ello, se lastre la recuperación”, así lo esclarecía en la comparecencia celebrada en la Moncloa junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Evidentemente, cualquier medida orientada a reflotar la actividad del colectivo formado por pymes y autónomos en nuestro país es una fantástica noticia. Eso sí, en caso de que tenga un negocio y esté sufriendo el azote de la pandemia, debería alegrarse, aunque de momento solo en parte. Al menos hasta que se asegures de revisar un par de asuntos de los voy a hablarle a continuación.

¿En qué consiste el nuevo plan de reflote para pymes y autónomos? Si desgranamos el plan de acción, nos queda algo así en líneas generales: un programa de ayudas directas, de 7.000 millones de euros, cubrirá el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia. Otra partida de 3.000 millones se dedicará a reestructurar la deuda financiera de negocios que cuenten con aval del Estado (las famosas líneas ICO, etc.). Para terminar, un fondo de 1.000 millones se dirigirá a la recapitalización de deuda de empresas de cierta envergadura.

Podrá acceder a la partida de ayudas directas siempre y cuando pueda demostrar más de un 30% en la caída de sus ingresos, no cuente con ninguna deuda pendiente con Hacienda o la Seguridad Social, su negocio haya estado funcionando a lo largo de todo el ejercicio de 2019 para demostrar la viabilidad de su negocio, siga estando en situación de alta en el momento de la solicitud de la ayuda y, por supuesto, contraiga un compromiso de permanencia en su actividad (no podrá cesarla), hasta junio de 2022.

Tiene sentido que el Gobierno quiera evitar la caída de empresas con modelos claramente viables, que hayan visto el desarrollo de sus negocios afectado excepcionalmente por la crisis pandémica. Garantizar la supervivencia del tejido empresarial es vital para la recuperación de nuestra economía. Pero quizás va a ser complicado que una cantidad ingente de pequeños negocios y microempresas, y hablamos de quienes realmente han absorbido el impacto económico de las restricciones y la alarma sanitaria en su facturación diaria, hayan llegado hasta el momento actual de la pandemia sin haber cesado su actividad en algún momento. Lo mismo podríamos decir sobre las cuentas pendientes con los organismos públicos. Durante este último año de crisis, a más de un autónomo se le ha hecho cuesta arriba eso de poder pagar la cuota completa en el RETA.

Otra historia es la lista de actividades incluidas como especialmente afectadas por la pandemia. Para poder acceder a la partida de ayudas directas, la más amplia de las líneas de apoyo económico establecidas por el nuevo plan de rescate, su actividad debe incluirse en este grupo de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

¿Qué actividades podrán beneficiarse entonces? Los negocios insertos en el sector hostelero y la restauración y las empresas amparadas por la actual normativa de los ERTE. Serían en total más de 100 actividades económicas como la industria manufacturera, sectores auxiliares al transporte o las áreas relacionadas con la cultura y el deporte, entre otras.

Sin embargo, cabe reflexionar sobre la eficacia de este criterio de segmentación. ¿Qué ocurre con las empresas y los autónomos cuyos negocios dependen directamente de sectores como la hostelería o, simplemente, han visto su facturación cayendo en picado a pesar de no tener relación con estas áreas? Al margen de su inclusión en el listado de CNAE considerados como actividades vulnerables, no podemos negar la existencia de miles de casos afectados directamente por la pandemia, restricciones aplicadas y la ralentización económica fruto de esta situación.

A todo esto, debemos sumarle las condiciones mencionadas anteriormente. Entre ellas, alcanzar un mínimo de caída en los ingresos de un 30% no parece un gran obstáculo. Podríamos apostar que un buen número de negocios han visto su facturación reducida en un porcentaje significativamente superior.

Lo que sí supondría un traspiés en el acceso a las ayudas sería la correlación en esta caída de los ingresos y, lógicamente, la incapacidad para hacer frente a la carga fiscal sujeta por esas empresas a lo largo de 2020 y en lo que llevamos de ejercicio.Es decir, resulta bastante evidente que muchas tendrán cuentas pendientes con Hacienda y Seguridad Social a expensas de regularizar su situación cuando todo esto mejore. Si se apuesta, tal y como indicaba la ministra Nadia Calviño, por las ayudas directas, ¿no se podrían asignar descontando las deudas con organismos públicos de los perfiles de negocios afectados?

En definitiva, no cabe duda de que la intención de las medidas aplicadas y los intereses de los agentes que ponen en marcha este tipo de políticas van, lógicamente, orientados a salvar la situación por la que atraviesan miles de pymes y autónomos, colectivo responsable de la generación de casi el 70% del empleo creado en España antes de la pandemia. Sin embargo, dado el peso y las consecuencias que pueden derivarse de la caída de esta parte imprescindible de nuestra economía, debemos reflexionar sobre la eficacia de ciertos planteamientos y, especialmente, reaccionar a tiempo sobre las condiciones aplicadas si de verdad esperamos salir a flote.

Alfredo Pérez es CEO de Ayuda T Pymes