El Estado tiene hasta 2023 para vender su participación del 16% en CaixaBank
El Ejecutivo prevé que la fusión eleve el valor de su parte en Bankia
La operación de absorción de Bankia por parte de CaixaBank ha contado con el apoyo del Gobierno, que ha visto una oportunidad para revalorizar la participación pública que tendrá en la nueva entidad, según ha reconocido la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo y ministra de Economía, Nadia Calviño.
El banco madrileño estaba controlado por el Estado, a través del FROB, con el 61,8% de su capital. La entidad recibió ayudas públicas por 24.000 millones de euros, de los que ha logrado recuperar más de 3.00 millones. La recuperación de estas ayudas para las arcas del Estado se había convertido en un reto del anterior Gobierno Rajoy y del actual de Sánchez. El compromiso de ambos Ejecutivos era privatizar la participación pública, pero no se ha llegado a culminar debido a las pérdidas milmillonarias que conllevaría la operación.
La absorción por parte de CaixaBank no supone que el Estado, que ahora controla el 16% de la nueva entidad, vaya a recuperar el dinero público inyectado en Bankia, pero sí que pueda mejorar su rentabilidad. Respecto a los plazos para acometer la privatización de ese 16%, el pasado febrero el Consejo de Ministros aprobó ampliar en dos años el periodo para vender las acciones que tiene en CaixaBank. Esto supone que el plazo pasa de expirar en diciembre de este año a hacerlo en 2023.
Se trata de la tercera prórroga del plazo fijado para recuperar las ayudas públicas concedidas en el rescate de Bankia en 2012. Las dos anteriores fueron acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Estado ya ha vendido dos paquetes de su participación en Bankia, cuando Luis de Guindos era ministro de Economía. Se desprendió del 7,5 % en febrero de 2014 por 1.304 millones y de un 7% en diciembre de 2017 por 818 millones.
En 2012 España decidió sacar adelante una ley en la que se comprometía a vender todas las acciones suscritas por el FROB en las entidades rescatadas en un plazo no superior a cinco años desde la fecha de suscripción. Sin embargo, se trataba de compromisos acordados por el Gobierno de Rajoy y no con el resto de socios de la UE. Por ello, a finales de 2016 el Gobierno sacó adelante un real decreto ley que ampliaba de cinco a siete años el plazo para privatizar Bankia y sentó las bases para que con un mero acuerdo del Consejo de Ministros se pudiera volver a dar una prórroga.
En total, Bankia ha devuelto ya 3.304 millones. A las operaciones antes mencionadas se suma lo embolsado vía dividendos: 128 millones con cargo a sus beneficios en 2014, 195 millones en 2015, 211 millones en 2016, 207 millones en 2017, 219 millones en 2018 y 220 millones en 2019.
Según los cálculos del Banco de España, las ayudas públicas al sector derivadas de la crisis financiera de 2008 ascienden a 42.000 millones, de las cuales los citados 24.000 millones recayeron en Bankia, computando también el importe de BMN, que se fusionó posteriormente con la entidad. El supervisor bancario da por perdidos 14.000 millones.