Procesos y claves para que un autónomo pueda ejecutar la Segunda Oportunidad
La mayoría de los afectados acude a abogados especialistas ante la imposibilidad de cumplir con el pago de préstamos.
La imposibilidad de afrontar el pago de deudas o los préstamos de hipotecas ha llevado a un gran número de autónomos y de familias a acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad o al concurso de acreedores.
En Aliter Abogados explican que en la actualidad reciben una media de diez consultas semanales para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad o al Concurso de Acreedores. La mayoría de los afectados no puede abonar préstamos o cumplir con el pago de hipotecas. Aluden a la pérdida del empleo y a la falta de ingresos en la empresa para poder hacer frente a las deudas.
Acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad
Pese a que el Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre la moratoria para que las empresas presenten concursos de acreedores, en Aliter Abogados señalan que muchas personas les han consultado si pueden acogerse a la ley de Segunda Oportunidad.
La ley tiene como objetivo facilitar el pago de las deudas y terminar con el beneficio de la exoneración del pasivo que se haya insatisfecho. Desde el despacho de abogados cuentan el caso de un cliente que había acumulado deudas desde antes de la crisis. “Era insostenible: aumentaban las deudas, el acoso de los acreedores y los embargos”, detallan. Según cuenta el afectado, “no solamente estaba perdiendo mi negocio, también mi economía familiar estaba empezando a resentirse”.
Renegociar la deuda
El primer paso para resolver estas situaciones, aseguran desde Aliter Abogados es frenar la situación. “Luego, los especialistas en Ley de la Segunda Oportunidad se encargarán de renegociar las condiciones con los acreedores. Hay que actuar en todo momento de buena fe”, advierte el gerente de este despacho de abogados Juan M. Hita.
El experto manifiesta que se puede negociar con los acreedores para conseguir una prórroga de la deuda. No obstante, el proceso podría alcanzar los dos meses, pese a estar tutelado por un juez o mediador concursal.
En todo el proceso, añade, es importante que el afectado cuente con asesoramiento para “intentar aligerar su carga económica mientras dura el procedimiento”.
