Podemos propone que el inquilino pueda recuperar el dinero pagado por encima del índice de precios
Unidas Podemos plantea fijar límites máximos al alquiler ligeramente modulables en función de varios supuestos
Un tope a los precios del alquiler en las conocidas como zonas tensionadas y, además, un mecanismo para que los inquilinos puedan reclamar a los caseros el reembolso de las "cantidades percibidas en exceso con devengo del interés legal incrementado en tres puntos" en el caso de que hayan sobrepasado los límites fijados por ley. Es uno de los planteamientos que Unidas Podemos trasladará al PSOE en el marco de las negociaciones para sacar adelante la futura ley estatal de vivienda, según recoge una propuesta de la formación morada a la que ha tenido acceso este diario y que también incluye la creación de un registro oficial de contratos.
En el documento, Unidas Podemos plantea un régimen de contención de rentas en áreas urbanas tensionadas que permitiría a las comunidades autónomas establecer un índice que limitaría los precios máximos en base a una serie de supuestos, una de las medidas que el socio minoritario del Gobierno reclama desde que empezaron las conversaciones en el seno del Ejecutivo para redactar la futura norma.
Esta acotación de las rentas es la que daría pie a que los inquilinos que hubiesen tenido que pagar más del límite permitido pudiesen exigir a los caseros "la restitución de las cantidades percibidas en exceso", con devengo de intereses y "sin perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir en aplicación del régimen sancionador establecido por la comunidad autónoma correspondiente", detalla el texto. Dicho de otro modo: el propietario debería devolver la renta extra y pagar intereses adicionales al arrendatario, pudiendo además ser sancionado por la administración regional en cuestión.
A la hora de fijar los topes máximos para los contratos de alquiler en una zona tensionada, Unidas Podemos propone que se tome en consideración el índice oficial de referencia, que se fijará atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual del área declarada de mercado tensionado. Así, en estos casos, "la renta pactada al inicio del contrato no podrá superar el índice oficial para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano".
El precio definitivo podrá modularse hacia arriba ponderando circunstancias concretas como la accesibilidad del inmueble o la calidad de la casa. En la propuesta se recogen, entre otros puntos, el "estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario, zonas comunitarias de uso compartido y renta familiar disponible de la zona", aunque se deja la puerta abierta a poder incluir otros condicionantes que el departamento de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda considere como "relevantes".
Con todo, recalca la propuesta "en ningún caso podrá incrementar en más del 2,5% el precio del índice de referencia", y siempre que el precio sea modulado deberán quedar recogidas en el contrato las razones de estos cambios.
El arrendador también podría subir el precio en los contratos sujetos a la contención de rentas si ha llevado a cabo obras de mejora, aunque este encarecimiento siempre tendrá que estar sujeto a los términos previstos por la legislación de arrendamientos urbanos. A los efectos de esta ley, recalca la propuesta, "no tendrán la consideración de obras de mejora" las que resulten necesarias para el mantenimiento y la conservación del inmueble, así como las que sean exigibles para el funcionamiento, la reparación o la seguridad de los elementos que la integren. "En la notificación del incremento de la renta se habrán de detallar los gastos que tengan la consideración de obras de mejora".
La propuesta de Unidas Podemos también recoge el supuesto de que una misma vivienda pudiera ser objeto de diversos contratos de arrendamiento de vigencia simultánea que afecten a partes concretas del inmueble. En este caso, la suma de las rentas acordadas "no podrá superar la renta máxima aplicable al arrendamiento unitario de la vivienda". Para ello, en cada uno de los documentos se deberá hacer constar el importe de los otros contratos suscritos, "acreditando de este modo que la suma total no supera la renta máxima aplicable".
Registro de contratos
Unidas Podemos propone crear un Registro de Contratos de Alquiler (RCA), de naturaleza administrativa, declarativa y de carácter electrónico, con acceso libre previa acreditación de interés legítimo en la consulta. Esta plataforma serviría para registrar los contratos y conocer los datos estadísticos en cuanto al precio y otros detalles del mercado.
En este fichero deberían estar inscritos todos los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento, así como los detalles de sus novaciones y subrogaciones y todas las partes que componen el documento, como la finca arrendada y la dirección postal completa, el año de construcción del inmueble, los metros cuadrados, el número de habitaciones, el número de identificación de la cédula de habitabilidad, el de la referencia catastral y el del certificado de eficiencia energética. También debería quedar reflejado si el edificio tiene o no ascensor, si dispone de sistemas de calefacción y refrigeración, si está o no amueblado y el estado de conservación de la vivienda.
Entre más detalles, también se haría constar si el inmueble pertenece a una Socimi y si la vivienda se destina a primera residencia o a otro uso, la renta mensual y si en la renta están incluidos los servicios de consumo individual, el depósito o fianza y la información sobre sentencias firmes y laudos arbitrales de impago de alquileres cuando sea vivienda de primera residencia.
Los datos que consten en el RCA podrán ser utilizados por la Agencia Tributaria, así como el Poder Judicial y los demás organismos públicos para la consecución de sus respectivas finalidades. El registro también podrá ser utilizado con el fin de la cuantificación administrativa del “espejo de renta” y, en general, se podrá explotar con fines estadísticos determinados reglamentariamente. Con todo, los arrendatarios y arrendadores solo podrían disfrutar de los beneficios fiscales y ayudas que se estipulen al efecto, siempre que el contrato de arrendamiento esté inscrito en el RCA.
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