Una reforma que conserve o mejore la capacidad de creación de empleo
Si la voluntad del Ejecutivo de legislar a través del diálogo social es sincera tiene una oportunidad de demostrarlo a través de una reforma sensata, prudente y efectiva
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retomó ayer las negociaciones con los agentes sociales para avanzar hacia su pretendido desmantelamiento de la reforma laboral de 2012, una de las propuestas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos cuando pactaron la coalición con la que accedieron al Gobierno, y muy probablemente también una de las iniciativas menos oportunas del Ejecutivo en el contexto de grave crisis económica que atraviesa el país. Aunque el Gobierno ha renunciado a sus planes iniciales de derogar al completo la regulación laboral vigente y ha optado por abordar la reforma a través del diálogo social, la propuesta que se ha venido manejando hasta ahora contiene decisiones polémicas que difícilmente facilitarán la recuperación económica española y la supervivencia de las empresas ahogadas por la crisis, al menos con los volúmenes de plantilla previos. Así sucede con los tres grandes ejes que reclaman los sindicatos, y que incluyen la recuperación de la ultraactividad de los convenios sin límite temporal, la primacía del convenio del sector sobre el de empresa y las limitaciones al régimen de subcontratas, todas ellas piezas fundamentales del razonable éxito con el que ha funcionado hasta ahora la reforma de 2012.
La ministra de Trabajo, pronto muy probablemente también vicepresidenta tercera, tendrá que vérselas con la oposición de la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, cuya visión sobre la reforma laboral es sustancialmente más moderada y más conciliadora con las dificultades que está soportando el tejido empresarial desde el estallido de la pandemia. Calviño, que recientemente ha recordado que la misión del Gobierno “no es estar constantemente hablando de hacer o deshacer, tejer o destejer reformas del pasado”, quiere abordar en la reforma cuestiones de fondo que responden a exigencias de Bruselas, como el fin de la dualidad en la contratación entre fijos y temporales, una de las grandes asignaturas pendientes del mercado de trabajo español.
El Gobierno está en su legítimo derecho de modificar una legislación laboral que no es perfecta y que tiene defectos susceptibles de enmendar, como el exceso de poderes que otorga al empresario a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo. Pero ninguno de esos cambios debe reducir la flexibilidad del mercado laboral ni volver a introducir en él rigideces estructurales propias del pasado que dificultan la supervivencia de las empresas y provocan un mayor desempleo. Si la voluntad del Ejecutivo de legislar a través del diálogo social es sincera, tiene una oportunidad de demostrarlo a través de una reforma sensata, prudente y que incremente la capacidad de generar empleo en la economía.