El PSOE plantea bonificaciones del 60% solo si se alquila por debajo del índice de precios
El incentivo actual, al que pueden acogerse hoy todos los caseros de vivienda habitual, solo beneficiaría a quienes arrendasen barato
La actual bonificación del 60% sobre los rendimientos que da una vivienda alquilada, y a la que pueden acogerse a día de hoy todos los propietarios que arrendan un inmueble como casa habitual, pasará a ser efectiva únicamente en los casos en los que no se superen las rentas máximas que establece el índice de precios oficial elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). En el caso de alquilar por encima de la media, los propietarios verían reducida esta exención por debajo del 50%.
Es una de las propuestas que previsiblemente presentará este miércoles el departamento que dirige José Luis Ábalos al equipo de la todavía secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, en el marco de las negociaciones que están teniendo lugar entre PSOE y Unidas Podemos para acordar el anteproyecto de la ley estatal de vivienda.
La medida, que contaría con el visto bueno de Hacienda y podría sufrir alguna modificación porque seguía estudiándose hasta ayer hasta última hora de la tarde, animaría a los propietarios a alquilar por debajo de los valores medios con el fin de propiciar un abaratamiento generalizado en las zonas más tensionadas. Estos lugares, como mostró el índice oficial en su presentación a principios del verano pasado, se encuentran en buena parte de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, los dos archipiélagos y zonas de Málaga, Sevilla y Valencia.
La propuesta que trasladará el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, a la futura ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 también abordaría unos incentivos adicionales para el alquiler de vivienda habitual a los colectivos más jóvenes y otros en el caso de que el inmueble se haya reformado, entre otras bonificaciones.
Por su parte, la rebaja en las reducciones para los caseros que sobrepasasen el índice de precios de referencia estaría en un abanico que oscilaría entre el 40% y el 50%, según otras fuentes conocedoras.
Nada hace pensar, sin embargo, que este planteamiento vaya a ser aceptado fácilmente por Belarra. Uno de los puntos más polémicos de las negociaciones es el que atañe a la regulación de los precios. Los dos socios de Gobierno coinciden en que es necesario abaratar las rentas en las zonas más tensionadas, pero mientras que el PSOE opta por los incentivos fiscales para animar a los propietarios –y nunca penalizar–, en Unidas Podemos se decantan por facultar a las administraciones locales y regionales para que puedan establecer topes máximos a través del índice oficial.
Ayer, tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que su departamento estaba trabajando “codo con codo” junto al de Ábalos para utilizar todas las posibilidades que ofrece la fiscalidad con el fin de abaratar los alquileres.
Estos instrumentos, aseguró Montero, siempre estarían diseñados para animar a los propietarios a que alquilen a precios asequibles, y nunca para sancionar, en línea con la propuesta planteada por la cartera de Ábalos. “En la medida de las posibilidades siempre preferimos que los instrumentos sean incentivadores más que penalizadores, es algo que Hacienda siempre persigue”, recalcó la también ministra portavoz.
Los actuales beneficios fiscales, que permiten a todos los caseros de vivienda habitual reducirse un 60% de los rendimientos que obtienen por sus inmuebles, suponen una pérdida de recaudación anual de 1.039 millones de euros según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha pedido en varias ocasiones reformular su diseño.
Tras dos meses de negociación en los que ya se ha superado la fecha inicialmente pactada para llevar el texto al Consejo de Ministros, la regulación sigue siendo el mayor escollo para sacar adelante la norma. Las dos formaciones, sin embargo, también difieren respecto a la definición de gran propietario y sus obligaciones hacia al alquiler asequible, respecto a la vivienda vacía y, por último, respecto a los desahucios, aunque en este último punto ya se han dado ciertos avances para que las autonomías tengan que ofrecer alternativa habitacional a los afectados si así lo dictaminan los servicios sociales.
Retrasos y nuevo pulso
La convocatoria de elecciones autonómicas en Madrid, sobre todo después de que el todavía vicepresidente segundo del Gobierno se haya postulado como candidato una vez que abandone el Ejecutivo, amenaza con tensar más aún las conversaciones para sacar adelante la ley de vivienda. Pablo Iglesias anunció el lunes que su último pulso dentro del Gobierno central será la negociación en torno a la vivienda, una norma que debería estar lista antes de Semana Santa y, por ello, antes de los comicios madrileños. Parece claro que Unidas Podemos quiere llegar a las elecciones sacando pecho por haber arrancado al PSOE uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno, mientras que en el ala socialista, por su parte, evitarán darle esta medalla a uno de los oponentes directos del candidato del PSOE a la Real Casa de Correos, Ángel Gabilondo.
En paralelo, la negociación entre Lucas y Belarra, prevista inicialmente para este martes, se pospuso a hoy por decisión de Unidas Podemos al no haber recibido la propuesta que, según explicaron ayer, el ministerio les había prometido. En octubre, las dos parte se fijaron el mes de febrero para llevar el texto al Consejo de Ministros. Tras las elecciones catalanas y los retrasos ocasionados por varios choques, el Gobierno de coalición se ha propuesto tenerla lista en menos de tres semanas.
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