Una ley europea que impulse la cooperación contra la piratería digital

La tarea, que atañe a las operadoras de telecomunicaciones y a las grandes compañías de internet, debe estar sostenida por una normativa sólida y eficaz

La actividad de las operadoras de telecomunicaciones contra las webs piratas que emiten televisión de pago de forma ilegal se ha triplicado en el último año. Los datos, publicados por Telefónica en su informe de transparencia anual, muestran que el número de URLs afectadas por este tipo de bloqueos pasó de 770 en 2019 a 2.117 en 2020 mientras que el número de solicitudes se incrementó de 29 a 53. Esta eclosión de peticiones y de paralizaciones no es casual, sino consecuencia de una novedosa sentencia, dictada en febrero del año pasado por un juzgado mercantil de Madrid, que otorgó a Telefónica Audiovisual Digital la capacidad de solicitar a operadoras (la propia Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y el resto de telecos) y proveedores de la red que bloqueen el acceso a un listado de webs identificadas como piratas, así como la potestad para actualizar semanalmente esa lista durante tres años y sin necesidad de volver al juzgado. El fallo, que fue dictado en el marco de una demanda para proteger los contenidos de la plataforma televisiva Movistar+, se ha aplicado en un año marcado por los confinamientos, lo que ha disparado la audiencia de contenidos audiovisuales, con especial hincapié en el fútbol, y también la oferta pirata de los mismos.

El principal efecto que ha tenido la sentencia ha sido reforzar considerablemente la potestad y la agilidad empresarial para frenar la multiplicación de webs ilegales, dado que el juez eximió a Telefónica Audiovisual Digital del deber de solicitar una declaración oficial previa de responsabilidad sobre las webs y permitió actualizar el listado de sitios piratas sin tener que acudir a los tribunales. La lentitud de los procedimientos judiciales suele jugar a favor de este tipo de actividades ilegales, que proliferan a más velocidad de la que se clausuran de forma que cada vez que se cierra una surgen dos o tres nuevas con el mismo contenido.

Pese a todo, la sentencia de un juzgado mercantil no es el instrumento más adecuado para luchar contra una actividad con tantas ramificaciones y complejidades. La tarea, que atañe a las operadoras de telecomunicaciones y a las grandes compañías de internet, debe estar sostenida por una normativa sólida y eficaz que salvaguarde los controles administrativos y de tutela judicial efectiva necesarios, pero que al tiempo agilice los procedimientos y mejore las herramientas defensivas del sistema. Todo apunta a que Bruselas está interesada en abordar este problema en el paquete legislativo europeo Digital Act. De hacerlo así, la CE debería tener en cuenta que, en el ámbito de la piratería digital, la cooperación internacional y el intercambio de información son armas fundamentales a las que no se debe renunciar.