El 44% de fondos y planes de CaixaBank tendrá nota alta en sostenibilidad

El 10 de marzo entró en vigor el nuevo reglamento europeo

Cuartel general de CaixaBank, en el Paseo de la Diagonal de Barcelona. Efe

El 10 de marzo entró en vigor el nuevo reglamento europeo sobre divulgación de finanzas sostenibles, (SFDR, por sus siglas en inglés). Esta normativa pretende fijar unos estándares claros sobre qué productos financieros tienen un componente de inversión socialmente responsable. Para poder publicitarlo como tal, el banco o la aseguradora deberá presentar una serie de documentos que lo acrediten. Las gestoras de activos españolas ya están manos a la obra. Una de las pioneras en este campo, el grupo CaixaBank, cree que el 44% de sus productos de inversión tendrán una calificación alta de sostenibilidad.

El reglamento SFDR fija tres niveles en relación al compromiso con la inversión según criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Los productos que están en el artículo 6 son aquellos que integran los riesgos de sostenibilidad en la gestión de las inversiones. Es la definición más genérica. Según fuentes de CaixaBank, alrededor de un 53% de sus fondos y planes de pensiones estarán en este nivel.

El resto, tendrán una calificación superior, los llamados artículo 8 y artículo 9. Aquellas entidades que, además de integrar riesgos de sostenibilidad quieren reflejar mayor compromiso, utilizaran estas dos fórmulas. La primera, para fondos y planes que directamente promuevan características medioambientales o sociales (art. 8).

Un paso más dan aquellos productos que persigan un objetivo de inversión sostenible (art. 9), que puede traducirse , por ejemplo, en fondos que solamente invierten en empresas que producen energías limpias.

En la filial aseguradora, VidaCaixa, el 44,3% de los 33.227 millones que hay en planes de pensiones están en el artículo 6, y otros 14.700 millones en los artículos 8 y 9.

Otros aspectos de la regulación

 

Clientes. Los comercializadores de productos de inversión y asesores financieros deberán informar a los clientes de las características de los fondos y planes en cuanto a la inversión sostenible. Las redes comerciales de la banca deberán formarse en esta materia para poder vender y recomendar fondos y planes que tienen la máxima categoría en términos de inversión sostenible.

Seguimiento. Para los productos que quieren acreditar un mayor compromiso con la inversión sostenible, la nueva normativa exigirá que las gestoras puedan monitorizar el impacto medioambiental de las mismas.

Agencias. Las gestoras ya no apoyar la condición de fondo o plan sostenible en que tengan una buena calificación por parte de agencias especializadas, como Sustainalytics o MSCI, sino que tendrán que tramitar un expediente.

 

En la gestora de fondos de inversión, CaixaBank Asset Management, que gestiona casi 50.000 millones de euros, el 53% del patrimonio está en el artículo 6, y el 40,2% en los artículos 8 y 9.

“Solo queda una parte marginal, de menos del 10%, que no tiene integración de riesgos medioambientales porque se trata de productos que siguen la evolución de un índice o son fondos que tienen como subyacentes ciertas garantías ya constituidas”, explican desde la gestora, la mayor del país.

Estos cálculos son aún provisionales, puesto que CaixaBank está presentando ahora los expedientes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). En el caso de los productos del artículo 6, los reguladores tramitarán los expedientes de una forma abreviada, mientras que para los fondos y planes que quieran acreditar un mayor compromiso medioambiental, la tramitación será más lenta.

Con esta normativa, la Unión Europea quiere consolidarse como el referente mundial en el ámbito de la inversión sostenible. En los cinco últimos años, cada vez más gestoras de activos han hecho gala de un compromiso con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), pero había una enorme libertad de interpretación sobre los mismos. Esto ha dado pie a la utilización de estos criterios de un modo puramente publicitario, en lo que se conoce como green-washing o ‘ecopostureo’, algo que pretende combatir el nuevo reglamento.

Una vez que ha entrado en vigor esta primera fase del SFDR, Bruselas quiere sacar adelante las normas técnicas de regulación, el conocido como nivel 2. Esta regulación tratará de fijar una taxonomía que permita categorizar de forma homogénea todos los términos relativos a la inversión sostenible. Desde cómo definir o medir la huella de carbono de una compañía o el grado de cumplimiento con los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas.