Abengoa y los acreedores se dan de plazo hasta el 31 de marzo para un nuevo rescate
Tratan de salvar del concurso de acreedores a la filial con todos los activos del grupo de ingeniería
Abengoa vuelve a tener una oportunidad. La compañía, sus acreedores y las instituciones públicas han reabierto las negociaciones para encontrar una solución para Abenewco, la filial con todos los activos del grupo de ingeniería andaluz. Mientras, la matriz se mantiene en concurso de acreedores.
Por el momento, las partes han prolongado hasta el 31 de marzo el plazo para alcanzar un acuerdo. Ya lo han alcanzado con los proveedores.
El pasado 22 de febrero la compañía solicitó el concurso voluntario de acreedores para su matriz, Abengoa S.A. Todo ello fue propiciado por la decisión de los bancos de retirar el waiver (acuerdo de no agresión), que habían extendido sobre la firma desde que en agosto pactaron el rescate de la firma. Entonces acordaron la inyección de 235 millones, con aval del ICO y Cesce, más 20 millones aportados por la Junta de Andalucía. La institución autonómica finalmente decidióno suscribir esta cantidad, lo que terminó por hacer fracasar el acuerdo.
También entró en liza un grupo de accionistas, que representan en torno al 17% del capital. Y se oponen frontalmente a este acuerdo, por ceder la titularidad de todos los activos de Abengoa a una nueva Abengoa, llamada Abenewco 1, controlada por los acreedores y donde los accionistas de la matriz solo se quedan con un pequeño porcentaje. Forzaron la destitución del antiguo consejo de administración, pilotado por Gonzalo Urquijo, y pensaban hacer lo propio con el actual en una junta convocada para la semana pasada. El juez encargado del concurso de acreedores decidió sus pender la junta.
El objetivo ahora de los acreedores y de la compañía es salvar del concurso esa nueva Abengoa, que es dueña de sus activos. Para eso esperan alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo, al que apelan también a la participación del ICO y el Cesce, así como con la SEPI. Barajan solicitar esos 20 millones que no aportó la Junta de Andalucía al fondo público de rescate.