Economía pide a la banca que entre sin móviles a una reunión para presentar el decreto de las ayudas
El breve texto que enseñaron a la AEB y a la CECA convence al sector y recoge la reestructuración global de la deuda de una empresa, no solo la avalada por el ICO
El temor a un 'Villarejo', eso es lo que parece que le ocurrió el pasado viernes al Tesoro. El viernes, el secretario del Tesoro, Carlos San Basilio Pardo, reunió a los representantes de las dos patronales bancarias, la AEB y la CECA para enseñarles y explicarles el nuevo real decreto sobre ayudas directas para las empresas, en el que se incluye el código de buenas prácticas para que los bancos se adhieran a él y en el que se recogen las medidas para reestructurar los créditos ICO concedidos a pymes y autónomos, principales perjudicados por la crisis.
El objetivo era que la banca conociera, antes de que el martes el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas para dar ayudas directas a las empresas, la parte correspondiente al papel que jugarán las entidades financieras en esta normativa. Las medidas pasan por la creación de tres fondos, uno para inyectar ayudas directas a las empresas más afectadas por la crisis del Covid a través de las comunidades autónomas; otro de reestructuración de la deuda avalada por el ICO, y un tercero de recapitalización de pymes que se gestionaría a través de la empresa pública Cofides.
Hasta ahí todo correcto. Lo sorprendente fue cuando los técnicos de la AEB y de la CECA se vieron obligados a dejar sus móviles fuera de la sala donde se les iba a explicar este borrador de real decreto para evitar que grabaran o tomasen fotos de los documentos que se les iba a presentar y comentar. Querían evitar lo que ya se conoce como “un Villarejo” (el excomisario de policía José Manuel Villarejo grababa y fotografiaba con su móvil a las personas con las que se reunía sin que ellas lo supieran).
“Parecía que el Tesoro les estaba presentando un documento de alto secreto, y eso que se supone que el martes se aprobará para aplicarse en breve”, comenta el directivo de un banco que prefiere mantener el anonimato. “No es muy lógico. Les pidieron que si tenían algún dispositivo para grabar además del móvil que los dejaran fuera”, señala otro ejecutivo del sector.
Al final, el documento que les mostraron era un texto de pocas páginas en el que se habilitaba al ICO para reestructurar la deuda, no solo la que había avalado, sino también la posición global contraída por la empresa con necesidades de refinanciación.
“Las empresas no solo necesitan que se les reestructure su crédito ICO, sino toda su deuda, y al final así se recoge en el real decreto que mostraron el viernes a las patronales bancarias. También se les mostró el código de buenas prácticas en el que se recoge la voluntariedad de las quitas y de su adhesión a este documento”, explica una fuente financiera.
Así, al margen de este episodio que puede pasar por anecdótico, la banca está más tranquila una vez que la idea inicial de Economía de imponer quitas a los créditos avalados por el ICO y que fueran asumidas por las entidades financieras se ha eliminado del decreto. Al final, las quitas serán voluntarias y será la última medida a aplicar en las reestructuraciones de estos préstamos.
“Economía se ha dado cuenta del grave error que suponía la imposición de las quitas para la banca y para las propias empresas. Eran poner en riesgo al propio sector financiero”, recuerda el CEO de un banco. Bueno, ahora lo que hace falta es que las ayudas se apliquen a tiempo y eviten la caída de miles y miles de pymes y autónomos, coinciden varias fuentes consultadas.
Otra fuente, que como el resto, no quiere que aparezca su nombre, comentaba este domingo “bueno, ayudas, lo que son ayudas directas son solo 2.000 millones de euros, el fondo que corresponde gestionar a las comunidades autónomas, aunque a esta cifra se le sumará el correspondiente a los fondos europeos. El resto son reestructuraciones de créditos con aval, o la concesión de préstamos participativos”.
El volumen total de ayudas que ahora aprobará el Gobierno es de 11.000 millones de euros, según anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo es que parte de estas ayudas se recuperen en el futuro, cuando las empresas comiencen a levantar cabeza, explica otra fuente financiera.
El caso Santander-Orcel
Y cambiando de tercio. El miércoles, 10 de marzo, se inicia otro proceso financiero que cuenta con todos los ingredientes para ser portada no solo de los periódicos económicos y nacionales, sino también de las revistas de papel cuché. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Andrea Orcel, banquero italiano que pudo ser CEO del grupo español, se verán las caras ante el juez para dirimir si el exconsejero delegado de UBS tiene derecho o no, como reclama, a percibir una indemnización de 112 millones de euros por su fichaje fallido en 2018.
El juicio, totalmente mediático y con ingredientes para realizar una película con escenas incluso de espionajes y filtraciones, coincide con la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la idoneidad o no de Orcel para asumir el próximo mes de abril del cargo de consejero delegado de Unicredit. A lo que se suma el hecho de que Ana Botín ha sido elegida presidenta de la Federación de Bancos Europeos, en sustitución del aún CEO del grupo bancario europeo italiano, Jean Pierre Mustier, al que sustituirá Orcel en Italia.
El miércoles declarará Ana Botín en calidad de representante de la parte demandada. El morbo está servido, aunque hasta el último momento se espera que Orcel retire la demanda, como parecía que iba a hacer hace unas semanas, cuando se le propuso como CEO de Unicredit. Entonces fuentes cercanas a él aseguraron que el banquero estaba dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial y solicitar una indemnización muy inferior a los 112 millones de euros.
Orcel reclama a Santander en su demanda esta indemnización por daños y perjuicios, en la que se incluye el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander, o sino reclama el cumplimiento del contrato por parte del banco español, es decir, que se le nombre consejero delegado