El nuevo marco de ayudas constriñe la cuantía y tipología de reparto de los 11.000 millones del Gobierno

La UE pone topes de 1,8 a 10 millones por empresa según el tipo de asistencia Bruselas permite la concesión de ayudas directas para dar liquidez, preservar empleo o avalar crédito así como planes de recapitalización y la cobertura de costes fijos

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ayer en el Congreso.GTRES

El Gobierno ultima lanzar en las próximas semanas un plan de refuerzo de la solvencia empresarial dotado de 11.000 millones de euros para asistir a empresas, pymes y trabajadores autónomos, especialmente de los sectores de la hostelería, el turismo, la restauración o el pequeño comercio. El despliegue, en todo caso, se verá constreñido por las líneas rojas que marca el nuevo marco de ayudas públicas recientemente avalado por Bruselas, que limita la cuantía y tipología de asistencia que el Estado podrá prestar a las empresas este año.

“El Ejecutivo va aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos”, anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso de los Diputados. “Es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando, durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia, a sectores que crecían antes de la crisis, que eran competitivos y que lógicamente ahora se encuentran en una situación extremadamente compleja como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros”, enumeró Sánchez.

Tras los 140.000 millones en avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desplegados para facilitar liquidez crediticia a las empresas y los 40.000 millones invertidos en costear los ERTE o las prestaciones del cese de actividad de los autónomos, recordó, el objetivo de esta nueva inyección pública es el de “reforzar la solvencia de sus balances y que puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud la actividad económica”. “No solamente queremos salvar a empresas y empleos, queremos reforzar esas empresas y empleos, y queremos crear nuevas empresas y empleos”, concluyó.

El plan está siendo diseñado por la vicepresidencia de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño y que baraja diferentes medidas. La más sonada es la aplicación de quitas sobre la financiación avalada por el ICO. Una vía en la que el Ejecutivo sigue negociando con la banca qué parte del peso recaería en las arcas públicas y cuál en las entidades.

El Gobierno estudia, sin embargo, opciones alternativas y complementarias como la inyección de ayudas directas propiamente dichas o la aportación de instrumentos híbridos que refuercen temporalmente el capital de las compañías más castigadas por la pandemia pero con potencial para seguir siendo viables una vez que lo más duro de la crisis quede atrás.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario aseveran que la naturaleza final de los estímulos que se desplieguen por estos 11.000 millones no están todavía cerrada y solo se anunciará cuando el plan llegue al Consejo de Ministros, previsiblemente a lo largo del mes de marzo, como viene anticipando la propia Calviño.

Hasta la fecha, el Ejecutivo central venía dejando en manos de comunidades y ayuntamientos la concesión de ayudas directas, tras inyectarles unos 24.000 millones, pero la alerta de patronales y autoridades sobre el inminente riesgo de una ola de quiebras empresariales le ha llevado a optar por un paquete de ayudas directas como el que vienen impulsando países vecinos desde hace meses.

Límites a las inyecciones

El anuncio de Sánchez llega solo unas horas después de que la Comisión Europea haya dado luz verde definitiva al nuevo marco de ayudas públicas dibujado por el Ejecutivo, que da margen extraordinario para conceder ayudas de Estado pero dentro de cinco tipologías concretas con límites claros.

En primer lugar, frente a los problemas de liquidez, el Gobierno podrá conceder ayudas de hasta 1,8 millones por empresa (o hasta 225.000 y 270.000 euros, en el caso firmas agrícolas y pesqueras) bien como subvenciones directas, beneficios fiscales o instrumentos reembolsables, incluyendo préstamos, garantías e inyecciones de capital o instrumentos híbridos, explican desde Fedea.

Además, el Ejecutivo podrá seguir favoreciendo la concesión de préstamos con garantías públicas o tipos subvencionados. La cuantía del crédito no podrá exceder el doble de la masa salarial de la empresa en 2019 o un 25% de sus ingresos totales ese año y la garantía no podrá superar el 90% del principal de préstamo.

Una tercera vía de actuación, en manos de los Ministerios de Hacienda y Seguridad Social, es la concesión de aplazamientos de tributos y contribuciones sociales. El Estado podrá cubrir hasta el 80% de la masa salarial bruta en el caso de un ERTE, o alternativas que eviten la pérdida de empleo de asalariados o autónomos.

En cuarto lugar, otra opción amparada por la UE es la aprobación de medidas de recapitalización para evitar el cierre de empresas viables en dificultades financieras por la crisis. La ayuda deberá ser la mínima imprescindible para que la compañía siga viva, sin que su capital supere el de cierre de 2019. La operativa conllevará una hoja de ruta sobre la remuneración que obtendrá el Estado y el plazo de su privatización.

Finalmente, Bruselas avala “la concesión de ayudas para financiar costes fijos no cubiertos por ingresos netos de costes variables”, detalla Fedea, para aquellas empresas con caídas de ingresos de al menos el 30% con respecto al mismo periodo de 2019. La cuantía de la ayuda puede llegar al 70% de los costes relevantes, y hasta el 90% en el caso de microempresas y pequeñas empresas, con un límite máximo de 10 millones por compañía.