Canarias

Objetivo: asumir este verano las competencias sobre Costas

Agilidad administrativa, cercanía y conocimiento del territorio, las bazas que esgrime el Ejecutivo para mejorar la gestión en el litoral

Playa de Salinetas (Gran Canaria)
Playa de Salinetas (Gran Canaria)

El Gobierno de Canarias ha fijado en el verano próximo la fecha para consumar la transferencia de las competencias sobre costas, actualmente en manos de la Administración del Estado y sin duda la materia más relevante desde el punto de vista económico de entre aquellas que figuran en la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de las Islas, aprobado en noviembre de 2018.

Los equipos técnicos del Ministerio y la Consejería de Transición Ecológica han abierto el proceso inaugurado el pasado día 3 por el departamento de Política Territorial del Ejecutivo central, ahora liderado por el ministro Miquel Iceta como relevo a su vez de la ministra canaria Carolina Darias, que abrió el diálogo institucional para llevar a buen puerto un proceso que busca acercar a las Islas la toma de decisiones sobre los 1.583 kilómetros del litoral canario.

La expectativa ante este traspaso competencial es elevada entre los agentes económicos interesados en el desarrollo de actividades en la franja costera de las Islas, si bien el Ejecutivo recuerda que en todo caso la Comunidad Autónoma se someterá en su nuevo cometido a una legislación estatal básica, la vigente desde 1988 y modificada en 2012, que marca el terreno sobre los usos posibles en el litoral. El avance, y eso también lo subraya el Ejecutivo autonómico, deberá venir por la “mayor agilidad, cercanía y sensibilidad” de la Comunidad en la toma de decisiones sobre esta materia, en palabras del consejero de Transición Ecológica del Gobierno, José Antonio Valbuena.

El artículo 157 del nuevo Estatuto otorga a la comunidad autónoma de Canarias las potestades para gestionar “respetando el régimen general del dominio público” la competencia exclusiva sobre “la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar”, así como “la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre” y “la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general”.

¿En qué se traduce este catálogo de potestades? En que “todo lo que no sea la delimitación del dominio público marítimo-terrestre a través de los deslindes será competencia autonómica”, explica el consejero Valbuena, muy tajante en recordar que “aunque la legislación será la misma, la gestión autonómica le dará proximidad y agilidad, porque la Dirección General de Costas, ahora en manos de la Administración central, ha sido por lo general muy lenta y poco accesible a las administraciones y los agentes económicos de Canarias; esta es una queja generalizada de cabildos y ayuntamientos, por ejemplo”.

Respecto al desarrollo de proyectos vinculados al uso del litoral, el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Ejecutivo autonómico asume un compromiso vinculado a los plazos de respuesta: “La gestión autonómica supone la capacidad de ofrecer una interlocución directa y conocedora del territorio a la hora de tomar decisiones basadas en una legislación que, insisto, será la misma. Pero en lo que concierne a este Gobierno, asumimos el compromiso de dar seguridad jurídica y plazos de respuesta razonables para que una inversión tenga la capacidad de materializarse”.

“¿Se gestionará mejor el litoral desde la Comunidad Autónoma? Sí, como ha ocurrido con otras materias durante décadas, porque aunque la ley será la misma, los plazos y los trámites deben ser más eficientes”, le secunda el consejero de Administración Pública, Julio Pérez, responsable de culminar la negociación final que debe acabar con el decreto de transferencias aprobado por el Consejo de Ministros.

Las expectativas de la transferencia sobre la gestión del litoral, con multitud de asuntos empantanados de iniciativa pública y privada en las Islas, son altas entre los agentes económicos de las Islas.

Lo explica el empresario turístico José Fernando Cabrera, impulsor de varios proyectos vinculados al ocio en el sur de Tenerife, para quien hay tres líneas de trabajo asociadas con la gestión autonómica del litoral canario: “Una es la acción pública propiamente dicha, porque estamos en un momento idóneo para afrontar proyectos de regeneración del litoral, playas y paseos marítimos, financiados además con el dinero que llegará de Europa en los próximos años; otro es la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios que se prestan en las playas, dado que las concesiones serán competencia autonómica; y el tercero, esas inversiones privadas de envergadura que implican usos cercanos al litoral, que ahora encuentran enormes dificultades y por lo general debido al desconocimiento”.

“Los canarios somos capaces de gestionar nuestros recursos, y en efecto la transferencia de costas es fundamental, porque lo necesita el sector turístico, simplificando los procesos y protegiendo el medio ambiente”, sentencia el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. La negociación está en marcha y el plazo es conocido: este verano, quizá en coincidencia con la recuperación económica y el final de la pandemia.

Ejemplos conflictivos

El hotel de La Tejita. La Dirección General de Costas ha abierto un expediente de modificación del deslinde marítimo-terrestre en la playa de La Tejita, en Tenerife, con afección severa para un proyecto hotelero de capital gallego y con licencia de obra otorgada en diciembre de 2018. Con apoyo activo del movimiento ecologista, la decisión administrativa ha supuesto la suspensión cautelar de las obras, si bien todos los agentes implicados en el asunto admiten la legalidad del procedimiento emprendido por el inversor, que tiene ante sí una disyuntiva de relieve: adaptar el proyecto al nuevo deslinde o renunciar al mismo previa petición de una indemnización cifrada en unos 20 millones de euros. Esta competencia, la fijación del deslinde del suelo reservado al dominio público, seguirá en manos de la Administración central tras la transferencia.

La renovación del Oliva Beach. Es sin duda el expediente más caliente en relación al litoral canario de entre aquellos que se encuentran en la mesa del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El hotel majorero de la cadena Riu obtuvo en el año 2016 una renovación de la concesión por un periodo de 75 años, pero desde entonces no ha logrado obtener la autorización para emprender las obras de renovación del inmueble, ubicado en el dominio público del litoral de Corralejo, en Fuerteventura. Las claves: 400 empleos a la espera de una solución, el hotel cerrado y la ofensiva del Ejecutivo central para declarar la nulidad de una concesión otorgada por la misma Administración.

El balneario de la Fuente Santa. Es el proyecto de iniciativa pública más relevante en el litoral de la isla de La Palma, y supone la recuperación del acceso a las aguas termales sepultadas por la erupción del volcán de Fuencaliente en el siglo XVII. Se encuentra en las inmediaciones de la Playa Nueva de Echentive, resultado a su vez de otro suceso volcánico más reciente, el del Teneguía en 1971, y encuentra debido a ello las objeciones de la Dirección General de Costas. Otro asunto que estará sobre la mesa de la Administración autonómica una vez sea consumado el traspaso competencial.

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