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Fedea se une a quienes piden ayudas directas para autónomos afectados por cierres

Considera que habría que reducir las penalizaciones.

Fedea aboga por flexibilizar los despidos para garantizar la recuperación del empleo. Considera que debería suprimirse la prohibición que tienen las empresas para realizar despidos por causas objetivas. Así se refleja en el último boletín que ha editado Fedea y que lleva por título ‘Aspectos económicos de la crisis del Covid-19.

Según se explica, es necesario que las empresas que lo soliciten puedan despedir a sus empleados y realizar ajustes en la plantilla. “Habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo de forma que estas sean proporcionales a los despidos realizados”, indican desde la entidad. A su juicio se debe reducir la pena por no poder mantener el empleo en vez de que el empresario se viera obligado a devolver las ayudas recibidas.

Estabilización del empleo

Entre sus propuestas para la recuperación del empleo destaca el pedir al Gobierno nacional subvenciones directas para cubrir los costos fijos de los sectores que se han visto obligados a cerrar, que han sufrido restricciones administrativas o que están afectados por graves pérdidas. Según dicen, una manera de reducir los costes por contribuyentes es ofrecer ayudas que puedan ser recuperables a través de mecanismos de financiación. Plantean ayudas tales como créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente.

Advierten de que la recuperación del empleo en algunos sectores “se ha estancado” a causa de la pandemia y que incluso puede haber retrocedido. Por el contrario, recuerdan que en otras actividades menos afectadas por la Covid-19 se observa una tendencia hacia la estabilización del empleo a niveles pre-pandemia.

Aparte, valoran positivamente las medidas que se han adoptado para poder agilizar la gestión de las ayudas europeas. Para hacerlo posible se ha suprimido burocracia y se han introducido mecanismos de colaboración público-privada. Del mismo modo se han eliminado algunas medidas que podían desincentivar la participación de inversores privados.

No obstante, piensan que la normativa adolece de una evaluación de los proyectos que se realicen para la recuperación del empleo. En su opinión, omitir el proceso de evaluación es “muy relevante” porque la evaluación se incluye entre los principios de buena gestión. Apuntan que “en el resto del decreto no se concreta en absoluto si se piensa evaluar los proyectos financiados con fondos europeos o cómo se llevaría a cabo tal evaluación”.

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