El Gobierno debe asumir su parte de carga en el rescate de las empresas
El hecho de que la banca haya afrontado esta crisis con capitalización suficiente no significa que deba asumir mayoritariamente el coste en su cuenta de resultados
Los problemas de liquidez que sufren las empresas españolas, y el riesgo de convertirse en problemas de solvencia, constituyen una bomba de relojería con potencial suficiente para destruir parte del tejido productivo de la economía, especialmente en los eslabones más frágiles, los integrados por pequeñas y medianas empresas. Los cálculos sobre el capital que necesitan empresarios y autónomos para salir adelante son aproximativos, pero en cualquier caso evidencian la magnitud del problema. La consultora Oliver Wyman lo cifra en 7.000 millones de ayudas directas para pymes y otros 5.000 para microempresas. Sectores especialmente críticos, como el del comercio y la hostelería, han hecho sus propias cuentas y reclaman al Gobierno un plan urgente de ayudas directas por 12.500 millones de euros. Los datos del Banco de España señalan que en el último trimestre del año pasado, el 70% de las empresas necesitaba liquidez, aunque en sectores especialmente expuestos a las restricciones, el porcentaje llega al 90%.
Pese a que desde la AEB se señalaba ayer que no existe una urgencia “tremenda” a la hora de diseñar las ayudas directas, las cifras anteriores dan la razón a la patronal, que considera imprescindible proporcionar oxígeno de forma inmediata a las miles de empresas cuya actividad está paralizada o gravemente restringida por las medidas de contención de la pandemia. Aunque el plan de rescate europeo posibilita inyecciones directas de liquidez y capital, el Gobierno sigue resistiéndose a poner en marcha una medida que aliviaría considerablemente la agónica situación de muchos empresarios, que han sobrevivido hasta ahora gracias a los créditos ICO, pero se ven enfrentados a un futuro inmediato en el que las restricciones dificultan la vuelta a la actividad y por tanto la devolución de los préstamos.
Desde el sector financiero se respalda sin ambages la necesidad de ayudar al tejido empresarial y formar parte de la solución al problema, pero se teme –y se teme con razón– la fórmula que elija el Gobierno para aligerar la carga de las empresas. El plan que diseña el Ejecutivo se inclina más por las reestructuraciones de deuda, con quitas incluidas, que por las inyecciones directas de capital, y todo apunta a que parece dispuesto a dejar la pelota en el tejado de la banca a la hora de cubrir la factura de la medida. El hecho de que el sector financiero haya afrontado esta crisis con capitalización y solvencia suficientes no significa que deba asumir en su cuenta de resultados el coste de una reestructuración de deuda cuyo montante debe asumir mayoritariamente el Estado. El Gobierno no solo tiene la responsabilidad de arbitrar la solución, que ya nace con retraso, sino de hacerlo asumiendo el peso financiero que corresponde a las arcas públicas.