El Gobierno amplía hasta 2023 el plazo para vender sus acciones de Bankia

El FROB tendrá el 16,11% de la entidad fusionada con CaixaBank

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a ampliar en dos años el periodo para vender las acciones que conserva de Bankia y completar su privatización. Este plazo pasa de expirar en diciembre de este año a hacerlo en 2023.

El FROB cuenta con un 61,8% de Bankia. Este paquete está valorado en torno a 3.000 millones de euros, según el valor en Bolsa de estas acciones. La antigua Cajamadrid se encuentra en un proceso de fusión con CaixaBank, en virtud del cual el Estado controlará el 16,11% de la entidad resultante.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesus Montero, ha justificado esta decisión en la necesidad de "maximizar la recuperación de las ayudas". La extensión del plazo permitirá al FROB, el fondo del Estado que posee la participación en Bankia, ejecutar su estrategia de desinversión "con más flexibilidad", ha añadido la también ministra de Hacienda.

Según los cálculos del Banco de España, las ayudas públicas al sector derivadas de la crisis financiera de 2008 ascienden a 42.000 millones, de las cuales 22.400 millones recayeron en Bankia, computando también el importe de BMN, que se fusionó posteriormente con Bankia. El supervisor bancario da por pérdidos unos 14.000 millones.

Esta es la tercera prórroga del plazo fijado para recuperar las ayudas públicas para el rescate de Bankia en 2012. Las dos anteriores fueron acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Estado ya ha vendido dos paquetes de su participación en Bankia, cuando Luis de Guindos era Ministro de Economía. Se desprendió del 7,5 % en febrero de 2014 por 1.304 millones y de un 7% en diciembre de 2017 por 818 millones.

En total, Bankia ha devuelto ya 3.304 millones. A las operaciones antes mencionadas se suma lo embolsado vía dividendos: 128 millones con cargo a sus beneficios en 2014, 195 millones en 2015, 211 millones en 2016, 207 millones en 2017, 219 millones en 2018 y 220 millones en 2019.

En 2012 España decidió sacar adelante una ley en la que se comprometía a vender íntegramente las acciones suscritas por el FROB en las entidades rescatadas en un plazo no superior a cinco años desde la fecha de suscripción. Esto suponía que el Estado debía salir del accionariado de Bankia en 2017.

Sin embargo, se trataba de compromisos acordados por el propio Gobierno de Rajoy y no con el resto de socios de la UE, plasmados únicamente en una ley nacional susceptible de ser modificada o derogada por otra norma de igual rango o posterior. Por ello, a finales de 2016 el Gobierno sacó adelante un real decreto ley que ampliaba de cinco a siete años el plazo para privatizar Bankia y sentó las bases para que con un mero acuerdo del Consejo de Ministros se pudiera volver a dar una prórroga.

Eso permitió extender en un primer momento de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión y en 2018 se amplío de nuevo hasta diciembre de 2021. Ahora, con el acuerdo adoptado este martes se modifica por tercera vez ese plazo y se amplía hasta diciembre de 2023.