Un marco sostenible, pero también realista, para el transporte de mercancías
Hace falta una estrategia de país que tome como base el carácter periférico de la Península respecto al resto de Europa
La futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que diseña el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y está en fase de anteproyecto, tiene la oportunidad de establecer un nuevo marco regulatorio que optimice el movimiento de mercancías en España y hacia el exterior, una asignatura pendiente para la actividad comercial que debe jugar el doble papel de mejorar la propia actividad y hacerla respetuosa con la sostenibilidad y el medioambiente.
Más del 90% de las mercancías que se mueven en España se hace por carretera, lo que convierte a esta modalidad en el principal afectado por el escenario que se derive de la nueva normativa, además de poner de manifiesto la urgente necesidad de dar un impulso imprescindible al transporte de bienes por ferrocarril, que con un exiguo 4% del total está muy alejado de la media de los países de nuestro entorno.
De las aportaciones, que tanto particulares como empresas han realizado para incluir en el anteproyecto (306, con 647 propuestas), efectuadas durante un periodo de cuatro meses de consulta pública finalizado el 15 de noviembre pasado, en plena pandemia del Covid, el ministerio aprecia que, “en general, se acepta la entrada en la senda de una fiscalidad verde centrada en la reducción de emisiones, siguiendo el principio de quien contamina, paga”. Pero, a la vez, también se constata la frontal oposición, por parte del sector, a una euroviñeta o ecotasa que cargue a los transportistas para financiar las infraestructuras.
La vuelta a escena de un posible pago por uso en las autovías es una vieja batalla que tiene en guardia a todo el sector del transporte de mercancías por carretera, confiado hasta ahora en el compromiso suscrito el pasado julio por el Gobierno, a través del propio ministerio, en el sentido de no elevar la presión impositiva por la vía de los peajes. Una inquietud que, según las grandes asociaciones de transportistas, se ha disparado este mismo fin de semana ante la posibilidad de que se formalice un Gobierno catalán de corte independentista, que sería favorable a la implantación de peajes y otras posibles limitaciones, como ya ha hecho Gipuzkoa. Un mapa que convertiría en paso de pago, además de Irún, la otra gran salida de mercancías a Europa desde España y Portugal.
Solo una estrategia de país, como reclaman los transportistas, realista en cuanto a las tecnologías de modernización de la flota (el camión eléctrico es aún un futurible) y que tome como base el carácter periférico de la Península respecto al resto de Europa, y por tanto de los principales perceptores de mercancías, llevará al diseño de un marco eficaz y competitivo a un sector estratégico y clave para la economía, como se ha constatado una vez más en los largos meses de la pandemia.