Una fórmula que proteja el empleo pero no penalice en exceso a la pyme

La fuerte protección al empleo que incluyen los ERTE no se limita a la duración de los expedientes, sino que se extiende a los seis meses siguientes a su extinción

El Gobierno, CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT han aprobado el acuerdo para prorrogar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo. Pese a las reticencias de las patronales CEOE y Cepyme a que el acceso a los ERTE siga condicionado a la prohibición de despedir bajo pena de tener que restituir todas las ayudas recibidas, los empresarios han respaldado finalmente el texto, acuciados por una situación económica que se deteriora por momentos y que amenaza la supervivencia de miles de empresas.

La decisión de prorrogar estos instrumentos hasta el 31 de mayo equivale a una confirmación implícita del empeoramiento de las previsiones para próximos meses. Son varios los organismos y analistas que dan prácticamente por perdido el primer trimestre del año y que rebajan a la mitad los cálculos de crecimiento del Gobierno para el conjunto del ejercicio. Las empresas están experimentando en toda su dureza y de primera mano la gravedad de una crisis económica que está siendo más larga de lo esperado, de forma paralela a lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria, que a día de hoy afronta la tercera ola del Covid-19 y los interrogantes sobre la rapidez, eficacia y capacidad de suministro de las campañas de vacunación.

La utilidad que han mostrado los ERTE para capear los meses más virulentos de la crisis es indiscutible. Entre las medidas de mayor eficacia adoptadas por el Gobierno para proteger al tejido empresarial e impedir una sangría de desempleo destacan estos instrumentos, como ha ocurrido con los créditos ICO en lo que se refiere a financiación. Pero tanto unos como otros son herramientas de choque, medidas de urgencia pensadas para una situación temporal y extraordinaria, como la desatada por el confinamiento del pasado marzo y las restricciones de movimientos que se han ido sucediendo desde entonces, no para anestesiar a largo plazo las constantes vitales del tejido empresarial, que antes o después tendrán que recuperar la normalidad.

La fuerte protección al empleo que incluyen los ERTE no se limita a la duración de los expedientes, sino que se extiende a los seis meses siguientes a su extinción, durante los cuales se obliga a las empresas que reduzcan sus plantillas, incluso en un solo trabajador, a devolver la totalidad de las ayudas. Ello supone una carga excesiva para muchas pymes, que puede desincentivar el acogimiento a los ERTE, y apunta a la necesidad de buscar una fórmula que flexibilice la regulación y permita proteger el empleo sin penalizar de forma tan gravosa a aquellos negocios que realmente necesiten ajustar sus plantillas para reanudar su actividad y sobrevivir a la crisis.