Reformas para un crecimiento sostenible e inclusivo

El Gobierno prevé avanzar hacia un sistema fiscal que refuerce los ingresos públicos, reduzca el fraude, garantice las pensiones y mejore la eficiencia del gasto público

La vicepresidenta económica, Nadia CalviñoJ.J. Guillén (EL PAÍS)

El pasado mes de julio el Consejo Europeo llegó a un importante acuerdo para poner en marcha un Plan de recuperación para el conjunto de la Unión: Un programa ambicioso de inversiones y reformas, con atención especial a los países más golpeados por la pandemia, que permita relanzar el crecimiento económico y la creación de empleo e impulsar las transiciones gemelas verde y digital, modernizar el modelo productivo y hacerlo más competitivo a nivel internacional.

Este Plan Europeo de Recuperación, mediante diferentes instrumentos para canalizar transferencias y créditos a los tesoros nacionales, prevé invertir más de 750.000 millones de euros hasta 2026 que serán financiados con deuda europea, garantizada en principio por los Estados miembro pero potencialmente rembolsada en el futuro sobre la base de nuevos recursos propios de la Unión, por ejemplo, en el ámbito medioambiental. Tras el acuerdo logrado en la negociación de los textos normativos a finales de 2020, España se confirma como uno de los principales receptores de fondos, con una asignación de cerca de 70.000 millones de euros en transferencias de la nueva Facilidad de Recuperación y Resiliencia para el periodo 2021-2026. Es un volumen de inversión muy significativo, que podrá reforzarse y extenderse mediante el recurso a los créditos hasta superar los 140.000 millones de euros.

A esta nueva Facilidad de Recuperación y Resiliencia se unirán los más de 11.000 millones de euros del nuevo instrumento REACT EU, que se transferirán a España para apoyar la respuesta a la pandemia en particular en el ámbito sanitario y educativo y cuyos criterios de asignación a las Comunidades Autónomas para 2021 y 2022 ya han sido definidos. Y, por supuesto, los programas del presupuesto comunitario “normal” para el periodo 2021-2027, con más de un billón de euros para financiar la Política Agrícola comunitaria y los Fondos Estructurales, además de los programas comunitarios de investigación (Horizonte Europa), de infraestructuras digitales punteras (Europa Digital), de infraestructuras transnacionales (Facilidad Conectando Europa), de reservas naturales (LIFE) o de intercambio universitario (Erasmus +), entre otros. España tiene una participación importante en todos estos programas, tanto por las transferencias de más de 36.000 millones de euros de los fondos estructurales, que se canalizarán principalmente a través de las Comunidades autónomas, como por los pagos directos a agricultores, universidades, centros de investigación o estudiantes, y la financiación de grandes corredores de transporte y energía. Finalmente, este nuevo marco financiero plurianual destinará un importante volumen de recursos a mantener el liderazgo europeo en el ámbito de la política de desarrollo y la acción humanitaria.

El volumen de recursos públicos que se prevé invertir en Europa en un periodo relativamente corto de tiempo, sin precedente con crisis anteriores, la novedosa financiación mediante deuda común y el gran potencial multiplicador sobre las inversiones privadas, explican que la atención pública se haya focalizado en este aspecto cuantitativo del Plan.

Pero tan importante como la inversión es su segundo pilar: el de las reformas estructurales, que se desplegarán de forma coordinada en toda la Unión con el fin de asegurar un impacto estructural, duradero a medio plazo. Además de impulsar la actividad económica en los próximos años, se trata de evitar un agravamiento de los desequilibrios y de la desigualdad como consecuencia de la pandemia, abordar los procesos de modernización necesarios y mantener niveles de inversión más elevados una vez termine este impulso fiscal extraordinario.

Este elemento de reformas del Plan es particularmente importante para la economía española, que arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que lastran nuestra capacidad de crecer de forma sostenible en el tiempo. En efecto, con alto desempleo estructural, una baja tasa de ocupación femenina, un elevado porcentaje de empresas pequeñas, baja inversión pública y privada en I+D+i y en capital humano, y un sector público con un limitado margen para desplegar su función de impulso y redistribución, la economía española no ha tenido ni la capacidad para aumentar significativamente la productividad y la renta per cápita, ni la resiliencia para hacer frente a las crisis periódicas. El resultado es bien conocido: intensas fluctuaciones cíclicas, intensos procesos de destrucción de empleo, pobres aumentos de productividad y salarios, y un agravamiento casi crónico de la desigualdad.

La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de la economía española y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural y digitalización que exigen afrontar sin dilación los cambios tantas veces aplazados.

Por eso, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía, presentado por el presidente del Gobierno el pasado 7 de octubre, contempla una importante agenda de reformas estructurales para modernizar el tejido productivo y la administración, impulsar la doble transición verde y digital, aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, su capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional y de reducir las brechas sociales y de género ampliadas desde la crisis financiera.

No se trata de un programa nuevo, sino de acelerar y reforzar la agenda de reformas seguida desde hace dos años y medio, recogida en la Agenda del Cambio presentada en febrero de 2019 y alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales. Una agenda sobre la que se ha seguido avanzando durante 2020, en paralelo con la respuesta a la pandemia, con pasos importantes en los ámbitos de la reforma educativa y la modernización de la formación profesional, de la reforma energética y la transición ecológica, en el refuerzo del sistema de ciencia, el impulso a la digitalización en el ámbito financiero o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

Sobre la base de este trabajo, a través de los treinta componentes del Plan presentados por el presidente del Gobierno el pasado mes de octubre, se desgranan las inversiones y reformas para reforzar y modernizar las principales palancas que determinan la estructura y trayectoria económica del país. Aunque la mayoría de ellas tienen carácter horizontal, para el conjunto de la economía, algunas están específicamente dirigidas a impulsar la modernización de sectores tractores, como el comercio, el turismo, el agroalimentario, la salud, la industria o la propia modernización de las Administraciones Públicas.

En primer lugar, se impulsarán reformas para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, con medidas para promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas. En segundo lugar, se reforzará el capital humano, mediante la reforma de la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo, así como la formación continua. Estas últimas son claves para mejorar la cualificación y recualificación de nuestra fuerza laboral para adaptarse a los cambios del mercado. En tercer lugar, está la apuesta por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación, desplegando grandes proyectos tractores e impulsando la innovación en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, es preciso aumentar el capital tecnológico del país, mediante una nueva política industrial para modernizar el tejido productivo, el apoyo a las pymes, el impulso de los sectores con más futuro y un programa de renovación del equipamiento del sistema nacional de salud. En quinto lugar, se trata de proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la reforma del sistema energético, el impulso a la economía circular, la protección de ecosistemas, la mejor gestión de los recursos acuíferos, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible. Todo ello al tiempo que se generan capacidades industriales nacionales a lo largo de las nuevas cadenas de valor. En sexto, la mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social, con el fin de proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo personal en todo el país, frenando la despoblación y desplegando un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes, refuerce los servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones. En séptimo lugar, hemos de avanzar hacia un sistema fiscal para el siglo XXI, que refuerce los ingresos públicos y la progresividad, reduzca la economía sumergida y el fraude, adecúe las figuras impositivas a la realidad actual, garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo, y mejore la eficiencia del gasto público.

Uno de los componentes principales se refiere a la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo que se arrastran desde hace décadas. Se trata de poner en marcha, en el marco de las diferentes mesas del diálogo social, un paquete de reformas que aborden de forma integral esta cuestión compleja, alineando el marco normativo a la realidad del siglo XXI y apostando por un marco de flexibilidad y seguridad que garantice la eficiencia económica y la calidad del empleo, en particular para los más jóvenes. En línea con las recomendaciones a España de las distintas instituciones, este paquete incluye la simplificación de los tipos de contratos para incentivar la contratación indefinida, la racionalización de los incentivos a la contratación, la reforma de la subcontratación, la modernización de las políticas activas de empleo y de la negociación colectiva, así como el desarrollo de un nuevo mecanismo de ajuste interno de las empresas alternativo al desempleo diseñado a partir del buen resultado logrado con los ERTE. Se trata de reducir la temporalidad y la precariedad, favoreciendo al tiempo la seguridad jurídica y la creación de empleo. Adicionalmente, es fundamental modernizar y digitalizar el Servicio Público de Empleo, para mejorar su eficacia a la hora de alinear oferta y demanda en todo el territorio nacional.

Con el fin de asegurar un amplio consenso y su permanencia a largo plazo, el programa de reformas se desplegará, como hasta ahora, dentro del diálogo permanente con los agentes sociales, que están mostrando una vez más una actitud responsable, constructiva y comprometida para contribuir de forma proactiva en este proceso.

Para la ejecución del Plan, también se contará con las contribuciones de las diferentes mesas y consejos consultivos, así como las correspondientes Conferencias Sectoriales para la coordinación y participación de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Además, en línea con el Real Decreto-Ley adoptado a finales de diciembre, se agilizarán y digitalizarán los procedimientos de la administración y se impulsará la colaboración con el sector privado, con el fin de apalancar la inversión pública y multiplicar el impacto de cada euro en términos de crecimiento y bienestar.

El presupuesto del Estado para 2021, orientado a apoyar la actividad económica y con un importante volumen de inversiones para recuperar cuanto antes lo perdido como consecuencia de la crisis, nos proporciona un marco económico-financiero para actuar con agilidad. La agenda de reformas nos proporciona una hoja de ruta para lograr un verdadero cambio estructural, una economía más moderna y resiliente, una sociedad más justa y cohesionada.

Contamos, pues, con buenas bases, pero el despliegue del Plan de Recuperación es un ejercicio complejo que exigirá un enorme esfuerzo administrativo, una buena coordinación de numerosos agentes públicos y privados, determinación y compromiso por parte del conjunto de la sociedad. Y el impulso inicial será fundamental para marcar el ritmo de ejecución ya en 2021.

Por eso es el momento de remar juntos y centrar nuestros esfuerzos en lo importante, para, entre todos, avanzar en el programa de vacunación, luchar de forma eficaz contra la pandemia y desplegar con agilidad este programa de inversiones y reformas para un crecimiento más equilibrado y sostenible desde el punto de vista económico-financiero, medioambiental y social.

Este último año ha sido sin duda muy complejo para nuestro país. Pero la sociedad española ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y espíritu de superación ante las enormes dificultades. Por eso, el Plan de Recuperación aquí esbozado traslada un gran mensaje de esperanza: 2021 debe ser el año de la “gran recuperación” para una “gran transformación” que mira al futuro.

Nadia Calviño es vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital