Reputación digital

RepScan quiere democratizar el derecho a eliminar contenidos de internet

Lanza una plataforma que permite a sus clientes detectar, documentar y eliminar contenido no deseado en la red. Aseguran ser más rápidos y baratos que si se acude a un abogado

Josep Coll, fundador y CEO de RepScan, junto a Alejandro Castellano y Coque Moreno, los otros dos fundadores de la compañía.
Josep Coll, fundador y CEO de RepScan, junto a Alejandro Castellano y Coque Moreno, los otros dos fundadores de la compañía.

La reputación en internet puede ser clave para conseguir un préstamo, un visado o captar clientes. También cada vez más los responsables de recursos humanos de las empresas hacen búsquedas en la red sobre los candidatos a un puesto de trabajo. De ahí que cada vez sea más importante para cualquier persona tener la posibilidad de eliminar contenido no deseado que sobre ellos hay en la red (fotografías, datos, vídeos y contenido falso). Así lo asegura Josep Coll, cofundador y CEO de RepScan, una startup que se lanza ahora para democratizar el derecho a eliminar contenido de la red. “Queremos ser el Robin Hood de la reputación digital”, añade.

Según Coll, hasta ahora quienes desearan eliminar contenido de la red debían básicamente acudir a abogados especializados e iniciar unos procesos no solo largos, sino también costosos. Frente a ello, RepScan ofrece una plataforma tecnológica propia que permite detectar, documentar y eliminar contenido “de manera rápida, legal y económica”.

“Por ejemplo, detectar y eliminar una foto o un vídeo cuesta 95 euros y nos lleva 24 horas de media, y si es una información 257 euros y 72 horas. En caso de contratar a un abogado, el precio por foto o vídeo es de unos 600 euros mínimo”, continúa el directivo, que advierte que el coste solo existe si el contenido se elimina ya que en caso contrario la compañía no cobra nada al cliente.

RepScan funciona según un modelo de software como servicio. A través de su plataforma, las personas pueden contratar diferentes servicios. Por ejemplo, uno de alertas llamado RepScan Alert, el cual les avisará de la aparición de nuevos contenidos negativos y podrán señalar desde su móvil el contenido que desean eliminar de internet, viendo en tiempo real la evolución. En este caso, su precio va de los 200 a los 600 euros al mes, según si el cliente quiere que hagan una búsqueda diaria o semanal, por ejemplo.

La compañía también ofrece un servicio de urgencia “para los casos más acuciantes”, que cubre las 24 horas del día los 365 días del año, ya que, según Coll, “los primeros momentos son clave para frenar la distribución de un contenido negativo por la red”.

El CEO de RepScan asegura que en internet cada año se publica un 25% más de contenido que el año anterior y el problema es que mucho de lo publicado vulnera derechos como el de la imagen, el del honor, el de reinserción social o el derecho al olvido. “Y la ciudadanía no sabe cómo ejercer dichos derechos para controlar su vida digital”, remata.

Coll apunta que en internet es frecuente que alguien suba la foto de otra persona durante una fiesta, vídeos de acoso escolar o fotos íntimas de ex parejas. También casos de profesionales imputados en un proceso judicial que, pese a haber sido absueltos o condenados (pero haber cumplido su condena), los comentarios sobre ellos en internet hacen que les denieguen préstamos o no puedan encontrar trabajo.

“Esto está pasando factura a muchas personas, que sienten que se les está arruinando la vida, y no podemos permitir que se tarden semanas, meses o años en la eliminación de contenidos negativos en la red. Por eso, RepScan, que está conectada con todas las plataformas sociales nace con el objetivo de borrarlos en pocas horas”, insiste Coll, que afirma que “estamos en la prehistoria de todo esto.

La legaltech reclama los derechos apuntados y la caída de esos contenidos a las plataformas sociales con las que está conectada (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube...) y también a los medios. ¿Pero dónde queda el derecho a la información de la gente? “El derecho a la información existe y tiene un tiempo, pues también el derecho al olvido es reconocido por la legislación europea", destaca Coll, que defiende que "no tiene sentido que si una persona, por ejemplo, ha salido absuelta en un juicio hace 15 años siga saliendo la noticia o la foto sobre el tema en los primeros resultados de Google. Además, no siempre pedimos como solución borrar las noticias. También se puede cambiar el nombre de la persona afectada por iniciales o desindexar la noticia de los buscadores pasado un tiempo aunque permanezca en la hemeroteca del medio”.

RepScan tiene su sede en Barcelona y arranca con un equipo de siete personas, tres procedentes de Red Points, una reconocida startup española fundada también por Josep Coll y cuya tecnología permite luchar contra las falsificaciones y la piratería en internet. Al igual que esta, el nuevo proyecto, que utiliza inteligencia artifiial y tecnología de buscadores para automatizar todo el proceso, pretende ser una empresa global que “empodere a las personas de cualquier parte del mundo”, y para ello planea abrir en marzo o abril de este año una ronda de financiación de unos 400.000 euros.

Según Coll, RepScan va a ser la primera plataforma que va a levantar actas notariales de contenidos en internet. “Y reportaremos documentación por si el cliente quiere emprender acciones legales”. También aclara que no trabajarán para partidos políticos y que en los casos en que no logren borrar el contenido, ayudarán a sus clientes a posicionar contenido neutro (en caso de que la información que circule por internet sea falsa) o reclamaremos el derecho de rectificación si el congtenido es incorrecto. “Siempre buscaremos soluciones dentro de la legalidad”, dice el directivo, que ve en la estadounidense Reputation.com un competidor a seguir. "Es posible que dentro de 4 o 5 años veais anuncios nuestros en televisión como ya lo hacen ellos en EE UU".

RepsCan ha sido fundada, además de por Coll, que es abogado especializado en propiedad intelectual y profesor de la Universiad de Girona, por el ingeniero en telecomunicaciones Alejandro Castellano y Coque Moreno, que cuenta con más de 10 años de experiencia en la protección de activos en el ámbito digital.

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