Una norma para elevar la confianza en la auditoría, pero no la competencia

El reglamento aprobado ayer llega en una coyuntura de profunda crisis que hace más necesaria que nunca la apuesta por la transparencia en esta actividad

El Gobierno aprobó ayer el reglamento de la Ley de Auditoría, una norma cuyo objetivo es reforzar la confianza en esta actividad, elevar la transparencia en la actuación de los auditores, garantizar su independencia y la calidad de sus informes, además de impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea. El texto desarrolla la ley de 2015, que incorporó las novedades que la UE aprobó en materia de auditoría tras la anterior crisis financiera, la cual puso de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar la normativa sobre esta materia.

El reglamento aprobado ayer llega en una coyuntura de profunda crisis que hace más necesaria que nunca la apuesta por la confianza en esta actividad, especialmente tras el rosario de sanciones y condenas que han sacudido el sector en los últimos meses. Es el caso, entre otras, de la condena a BDO por el caso Pescanova, de sanciones como la impuesta a EY por la auditoría de Bankia o de escándalos como el de Wirecard, que ha provocado una ofensiva regulatoria histórica en Reino Unido para disgregar los servicios de auditoría de los de consultoría en las grandes firmas de servicios profesionales en lo que constituye el cambio más radical en este mercado en mucho tiempo.

El reglamento de la ley española no llega a esos extremos como tampoco apuesta por imponer la auditoría conjunta, el denominado modelo francés, del que se habló en su momento como fórmula para aumentar la competencia y abrir el mercado a las pequeñas auditoras frente a las grandes firmas. Pese a ello, el texto contiene mejoras en materia de independencia y transparencia, los dos grandes caballos de batalla de esta actividad. Así, entre otras medidas, se fijan mecanismos para evitar conflictos de intereses y se establecen un conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público. Se distingue además entre aquellas firmas que cumplen los requisitos para poder auditar entidades de interés público de las que no, un aspecto muy polémico para las pequeñas firmas de auditoría.

En España se llevan a cabo más de 60.000 informes de auditoría, de los que casi un 30% son voluntarios, y hay más de 21.000 auditores, según el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). La norma aprobada ayer aumentará las garantías de confianza, reforzará la transparencia y protegerá mejor los intereses de los inversores, pero no solucionará el problema de concentración y dominio en el mercado de los gigantes del sector, un cascabel muy ruidoso que nadie quiere poner al gato.