El Gobierno aprueba el estatuto de los consumidores electrointensivos
Beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales con alto consumo eléctrico
El Consejo de Ministros aprobó ayer, por real decreto, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, una medida que beneficiará a 612 empresas de alto consumo eléctrico, rebajando su recibo de la luz y elevando así su competitividad, y que llevaba pendiente de aprobación desde abril de 2019.
Según Industria, el Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional (al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países como Francia o Alemania), “todo ello de conformidad con la normativa comunitaria”.
“Es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión al dotar a las empresas, por primera vez, de un marco normativo que reconoce la condición de gran consumidor y pone a sus disposición a nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía, destacó la Ministra, Reyes Maroto.
En total, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, “supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria”.
Condiciones
Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.
Además, si se quiere obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) representar, al menos, el 50 % del total. El ministerio de Industria certificará la condición de consumidor electrointensivo, que deberá solicitar la empresa.
Las compañías pueden acceder a una compensación de hasta el 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares.
Además, el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos, con el fin de fomentar la contratación bilateral a largo plazo del suministro. Según el Gobierno, solo la bonificación del 85% permitirá un ahorro de 90 millones de euros a las empresas. Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones.