El Gobierno aplaza la ley antidesahucios y amplía el paquete de ayudas al alquiler

Se extiende durante un año más el plazo de concesión de ayudas vinculadas al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El decreto para paralizar todos los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional real hasta el próximo 9 de mayo tendrá que esperar previsiblemente una semana más para hacerse efectivo. El Consejo de Ministros celebrado este miércoles no ha llegado a tiempo para aprobar la normativa por, según explican fuentes oficiales, cuestiones técnicas que tendrán que perfilarse durante estos días entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el de Derechos Sociales y Agenda 2030, el de Asuntos Económicos y el de Justicia. Por contra, el Ejecutivo sí ha ampliado algunas medidas de carácter técnico destinadas a ayudar a los inquilinos en el pago del alquiler.

La razón del aplazamiento de la normativa antidesahucios, que según dijo hace dos semanas el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, sería aprobada en el plazo de 15 días, es de carácter únicamente técnica. El ministro de Mitma, José Luis Ábalos, ha confirmado que "antes de que acabe el año" la normativa estará lista, y que ahora solo falta darle la "forma jurídica" adecuada.

En concreto, en la elaboración del nuevo decreto también están implicados otros ministerios como Economía o Justicia, ya que la normativa prevé prohibir todos los lanzamientos que no tengan alternativa habitacional en forma de vivienda, una novedad "que requiere de una correcta forma jurídica", recalcan estas fuentes.

Por su parte, el nuevo decreto de alquileres extenderá el plazo de concesión de ayudas vinculadas al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, "un año más", ha recalcado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. También se modificará el programa de ayuda al arrendamiento a los jóvenes, para que se haga efectiva en las localidades con menos de 5.000 habitantes.

De igual forma, se agilizarán los trámites burocráticos necesarios para suprimir la necesidad de suscribir un acuerdo en la comisión bilateral de seguimiento como requisito previo a la financiación de las adquisiciones de vivienda con ayudas del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. "Se pretende dar una mayor cobertura al plan estatal fomentando las ayudas al alquiler y la renovación urbana", ha precisado Montero.

El acuerdo para prohibir los desahucios está a caballo entre la norma inicial que puso fin a los desahucios ligados a la crisis al comienzo de la pandemia y la suspensión de todos los lanzamientos que pedía Unidas Podemos. A grandes rasgos, no se podrá echar de su vivienda a quienes no tengan una alternativa habitacional, que deberá ser siempre una "vivienda digna", explicaron en su momento fuentes de la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

Uno de los aspectos más polémicos, y sobre el que previsiblemente sí habrá acuerdo, era cómo incluir en la norma a aquellas familias en situación de vulnerabilidad previa al Covid-19, ya que la actual prohibición (que finaliza el 31 de diciembre de 2020) solo tenía en cuenta a aquellos hogares que pudiesen demostrar que se encontraban en una situación complicada derivada de la crisis sanitaria.