La abogacía de la UE pide rechazar el recurso húngaro contra el proceso del Estado de derecho

El TJUE, que suele segur las directrices de los abogados comunitarios, dictará sentencia en los próximos meses

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. REUTERS

Nuevo revés para el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El recurso que presentó Hungría contra la resolución del Parlamento Europeo que apercibía a Budapest por la "existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores en los que se fundamenta la Unión" es admisible, pero carece de fundamento. Así lo asegura el abogado general de la Unión Europea, Michel Bobek, que propone este jueves al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que desestime la apelación presentada por Hungría.

La Eurocámara pedía aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Budapest por el riesgo de violación del Estado de derecho en el país, un tema que ya tiene años de recorrido pero que ha vuelto a saltar a la palestra por el bloqueo de Hungría y Polonia al presupuesto comunitario para 2021-2027 y al fondo de recuperación poscoronavirus. El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron que el desembolso del dinero destinado a la reconstrucción pudiese cortarse de golpe si algún socio incumplía con los principios del Estado de derecho, un extremo que Budapest y Varsovia rechazan de pleno. Ante el veto, la UE ya estudia fórmulas que permitan poner en marcha el mecanismo a espaldas de los dos socios. 

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero el TJUE suele seguir sus recomendaciones a la hora de dictar una sentencia que debería llegar a lo largo de los próximos meses. La iniciativa de la Eurocámara se fundamentaba, además, en un informe aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, conocido comúnmente como informe Sargentini.

En septiembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía al Consejo declarar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la UE. El artículo 7 al que hacía mención la Eurocámara contempla sanciones para la capital apercibida, incluida la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la UE.

El recurso de Hungría llegó por un problema en las formas, y es que la recomendación de poner en marcha el citado artículo 7 salió adelante en el pleno de la Eurocámara por 448 votos a favor y 197 en contra, mientras que 48 eurodiputados se abstuvieron.

El detalle surge porque la puesta en marcha del apercibimiento requería la mayoría absoluta de la cámara (376 de los 751 miembros que tenía el Parlamento en 2018, antes del Brexit) y también dos tercios de todos los votos positivos o negativos emitidos (solo 693 de los 751 parlamentarios estuvieron presentes en la votación de ese día).

La Eurocámara decidió no contabilizar las abstenciones, que si se hubieran computado como votos emitidos habrían impedido alcanzar la mayoría requerida de dos tercios de los votos emitidos. Esa es la razón que Budapest encontró para presentar el recurso que hoy el abogado general de la UE pide desestimar.

En sus conclusiones, el abogado explica que desde una perspectiva lingüística los términos "abstención" y "voto emitido" se excluyen mutuamente. "En efecto, mientras que una persona que se abstiene pide que no se la cuente ni como a favor ni como en contra de una propuesta y desea que se considere que no ha votado, el término voto emitido implica que una persona ha expresado activamente su opinión votando a favor o en contra de una propuesta", recoge la nota.

Además, añade, como los eurodiputados fueron debidamente informados, un día y medio antes de la votación, de que las abstenciones no computarían como votos emitidos, "eran plenamente conscientes de las reglas que se aplicarían a la votación".

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