El Gobierno amplía hasta el mes de mayo las ayudas ICO al alquiler, de hasta 5.400 euros
Los préstamos cubren con 900 euros un máximo de seis mensualidades
El Gobierno ha decidido ampliar hasta el mes de mayo la cobertura de préstamos ICO disponible para hacer frente al pago del alquiler residencial, que viene funcionando desde el 1 de abril y cuyo plazo de solicitud, después de una prórroga realizada a finales de septiembre, vencía el 30 de noviembre. De esta forma, tal y como ha explicado en una entrevista en RTVE el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, las ayudas para el arrendamiento se dilatan otros seis meses.
El Ejecutivo también se encuentra en negociaciones internas para sacar adelante una normativa que prohíba todos los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad. La medida, anunció ayer el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, será presentada en dos semanas.
El funcionamiento de los préstamos ICO para el alquiler se basa en un préstamo del Estado de hasta 5.400 euros por hogar para financiar un máximo de seis mensualidades, a 900 euros por periodo. El dinero puede devolverse en seis años, prorrogables por cuatro más, a cero interés.
Para acogerse a estas ayudas los arrendatarios deben acreditar una reducción de ingresos, estar en situación de desempleo o bajo un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), o haber reducido su jornada por motivo de cuidados o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la pandemia. Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no debe alcanzar el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, unos 2.689 euros.
A su vez, la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos (agua, gas, luz y telecomunicaciones) debe estar por encima del 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Los beneficiados tampoco pueden ser propietarios de una vivienda habitable en España.
No hay datos oficiales del impacto que esta medida ha tenido desde su puesta en marcha en el mes de abril, aunque las entidades financieras han dejado caer en varias ocasiones que la proporción de solicitudes ha sido muy baja. Entre otras razones, han señalado tanto asociaciones de propietarios como sindicatos de inquilinos, porque aunque las ayudas tengan que devolverse en un plazo de hasta 10 años a cero interés, implican un endeudamiento de los hogares en tiempos en los que los ingresos han caído a causa de la crisis sanitaria y económica.
Esta semana, el Fichero de Inquilinos Morosos ha alertado del aumento de los impagos debido a que "los inquilinos se encuentran con serios problemas" para abonar el alquiler. El registro estima que el año 2020 cierre con un 6% de hogares que no podrán hacer frente al desembolso de las rentas. Desde la tercera semana de septiembre, coincidiendo a grandes rasgos con la llegada de la segunda ola, las comunicaciones por falta de pago de las rentas se han incrementado un 68,4%, según el fichero.
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