El PNV pide aumentar la financiación de las mutuas privadas en los Presupuestos
El partido vasco reclama que puedan contratar a médicos de la Sanidad Pública
El PNV quiere incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 varios cambios legales relativas a la regulación de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, flexibilizando su régimen, permitiendo que médicos de la Sanidad pública puedan trabajar en ellas y aumentando las compensaciones que reciben por sus servicios.
Esta formación presenta varias enmiendas, recogidas por Europa Press, para modificar el estatus legal de las mutuas con el fin de aclarar de que estas entidades no forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, ni de la Administración General --como legalmente figura en la Ley General Presupuestaria-- y por tanto no deben verse afectadas por restricciones presupuestarias o administrativas.
Es más, en una de sus enmiendas modifican la Ley General de la Seguridad Social para blindar su "plena autonomía organizativa y de gestión" y habilitarlas a agotar hasta el límite presupuestado sus gastos de personal y bienes corrientes y servicios.
Y es que el PNV considera que la actual legislación propicia un "exceso de interpretación" que, apunta, "supone la creación de un marco de inseguridad jurídica" para las mutuas ya que, aun siendo entidades de naturaleza jurídica-privada, se les aplica normas propias de la Administración.
En lo que respecta a su financiación, el PNV quiere incorporar por ley criterios de suficiencia en la entrega de las fracciones de cuota correspondientes a la gestión de la prestación económica encomendada por la Seguridad Social, con el fin de garantizar su sostenibilidad, y cubrir por ley el déficit derivado de la gestión de la incapacidad temporal.
Un coeficiente de la fracción de cuota que, además, pide revisar anualmente para ajustarla al gasto real soportado por cada mutua, en atención al resultado correspondiente al último ejercicio y las previsiones, pues considera que actualmente --congelada en el 5,1% y la extraordinaria en el 5,5% desde 2012, apuntan-- se les condena a un "déficit permanente".
En el caso de la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común, apuntan a que en 2019 sus gastos en prestaciones ascendieron a 5.746 millones de euros cuando los ingresos por estas cuotas se quedaron en 4.687 millones, previéndose para este ejercicio un déficit de 2.435 millones.
Unas pérdidas que, argumenta el PNV, "comprometen la solvencia y la viabilidad económica de las mutuas", debiendo tirar de reservas propias y después de la Reserva Complementaria y la Reserva de Estabilización de la Contingencia Profesional, que se sitúa en el 29% sobre el trienio de cuotas cobradas, por debajo de su mínimo legal del 30% tras un recorte de más de 840 millones.
Por ello, llama al Gobierno a encontrar "fórmulas de financiación adecuadas" y propone en una enmienda un canon, ya previsto en la Ley General de la Seguridad Social sobre los bienes inmuebles que utilicen para prestar sus servicios, fijándolo en el 7% del valor catastral asignado a efectos del IBI, y aplicar a ese importe el correspondiente al IVA.
Asimismo, el PNV propone eliminar la necesaria autorización del Gobierno para imputar este canon en su cuenta de resultados, pero también para poder sacarlos al mercado del alquiler, opción para la cual únicamente limitan este trámite en una comunicación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Finalmente, los nacionalistas vascos quieren cambiar la Ley de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones con el fin de habilitar a los profesionales del sistema público de salud a trabajar en estas mutuas colaboradoras.
Según señala, el personal sanitario actualmente no puede prestar servicios, lo que unido a las restricciones derivadas de su régimen para contratar personal sanitario, por limitaciones retributivas, provoca que las mutuas estén "perdiendo valiosos recursos humanos, principalmente médicos especialistas".
El PNV considera que esta actualización del sistema de incompatibilidades permitiría actualizarlo "a la realidad de hoy en día", "en línea de lo que algunas comunidades autónomas ya han realizado".