Regulación

La CNMC abre el mercado de las telecos y libera a Telefónica de tener que compartir redes

Pretende eximir a la operadora de su obligación de dar acceso mayorista a su red de fibra en 592 ciudades, multiplicando por 10 las ciudades en libre competencia de fibra óptica

Cani Fernández, presidenta de la CNMC.
Cani Fernández, presidenta de la CNMC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere multiplicar por 10 las ciudades en libre competencia de fibra óptica. Así, el organismo regulador ha propuesto ampliar la zona competitiva de redes de nueva generación desde 66 municipios a 592 (donde vive un 67% de la población), lo que supone eximir a Telefónica de su obligación de dar acceso mayorista a su red de fibra en estas zonas.

La propuesta está recogida en la consulta pública para la regulación de los mercados de banda ancha (Mercados 3a/3b), que el organismo ha aprobado, según informó este martes.

El regulador defiende que con esta propuesta busca lograr un equilibrio “entre garantizar la competencia efectiva y promover la inversión en redes de nueva generación (NGA)”, que permiten disfrutar de conexiones de muy alta velocidad, fundamentalmente de fibra óptica.

La CNMC justifica la ampliación porque cuando estableció la regulación actual, que data de 2016, en la que obligaba a Telefónica a alquilar su red a un precio regulado a cualquier operador que lo solicitara excepto en 66 grandes municipios (el 35 % de la población), las líneas de fibra representaban el 23% del mercado, cuando hoy suponen cerca del 70%.

El regulador añade, además, que la presión competitiva del mercado ha aumentado desde entonces de manera considerable y Telefónica continúa perdiendo cuota en el mercado minorista de acceso de banda ancha fija, ya que ha pasado pasa de un 43,1% en 2016 a un 38% en 2020.

Sobre este punto, la CNMC remarca que desde la última revisión se ha producido la entrada efectiva de un cuarto operador de ámbito nacional (MásMóvil), que se ha configurado como una alternativa a Telefónica, Orange y Vodafone. Además, agrega que Euskaltel, con el lanzamiento de Virgin, y Digi, son otros operadores que han ampliado sus ofertas en términos de producto y alcance geográfico frente a 2016. Sumando la red de todos los operadores, hoy hay 51 millones de acceso de fibra óptica, aunque solo 10,5 millones de negocios y hogares tienen contratado este tipo de conexión. La red de fibra de Telefónica es la más extensa en Europa Occidental, con 24 millones de unidades inmobiliarias pasadas.

Por todo ello, la CNMC propone ampliar la zona competitiva a esos 592 municipios y resalta que en cada uno de ellos la cuota de Telefónica en el mercado minorista de banda ancha es inferior al 50%. También plantea que en esta zona competitiva Telefónica mantenga sus obligaciones de acceso a la infraestructura de obra civil así como las obligaciones de acceso desagregado al cable de par de cobre, si bien no le impone obligaciones de acceso mayorista a su red de fibra.

Así, los operadores alternativos podrán hacer uso de los conductos y postes de la red de Telefónica, de forma que puedan desplegar sus redes de fibra desde las centrales cabecera de Telefónica hasta los hogares de los usuarios finales.

En el resto del territorio (7.539 municipios), donde por otro lado el despliegue de fibra es menor, la CNMC propone, además de estos servicios, la imposición a Telefónica de prestar los servicios mayoristas de acceso a la fibra. La teleco también estará obligada a prestar los servicios de acceso indirecto sobre cobre. Es decir, que en estos municipios se mantendrá la regulación actual.

Pese al paso dado por la CNMC, la importancia de la regulación de la fibra se había reducido en los últimos años pues Telefónica ha venido cerrando acuerdos comerciales mayoristas con sus rivales para el despliegue de fibra en muchos territorios, con precios más baratos que el oficial de la oferta regulada.

Los operadores disponen de un mes para presentar sus alegaciones a la consulta pública. Después, la CNMC hará su propuesta definitiva y la remitirá a Bruselas. Un paso previo para lanzar la norma definitiva, que se espera para el segundo semestre de 2021.

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