El sector de la auditoría eleva su facturación un 5,18% en 2019

A pesar de las buenas cifras, la patronal ICJCE alerta de su "preocupación por el futuro del sector"

Sede central del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Sede central del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

El volumen de facturación del sector de la auditoría de cuentas se incrementó en un 5,18%, pasando de los 663 millones facturados en 2018 a los cerca de 700 millones en 2019, según los datos del informe 'Situación de la Auditoría en España 2019', que publica el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Además, el documento informa que la recuperación del sector se fortalece en el empleo, pasando de 17.184 profesionales a cargo de auditores en 2018 a los 17.679 profesionales en 2019, lo que sitúa este dato en niveles precrisis. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha valorado positivamente los datos del estudio. No obstante, el presidente, Ferrán Rodríguez, ha advertido de que hay preocupación por el futuro más inmediato a causa de la pandemia generada por el Covid-19, que supondrá con seguridad un cambio de tendencia. 

Además, Rodríguez ha asegurado que los auditores tendrán que realizar "un esfuerzo en inversión mayúsculo, en consonancia con los elevados niveles de riesgo a los que nos enfrentamos". Y es que, aunque la auditoría de cuentas es un sector al que las crisis afectan con cierto decalaje y en menor medida que a la media de la economía, las compañías están preocupadas por la posible caída de empresas que dejen de estar obligadas a auditarse dado el desplome en el volumen de ingresos y empleados.

El ICJCE señala que en la anterior crisis el volumen de trabajos sufrió un fuerte deterioro: el número de informes emitidos se redujo en cerca de 10.000 trabajos, casi un 15% del total. “No podemos permitir que en esta nueva crisis se produzca un fenómeno similar. El efecto negativo que conlleva afecta a la transparencia de gran parte de nuestro tejido productivo, que en estos momentos necesita más que nunca la financiación de terceros para sobrevivir. Una reducción en el número de auditorías dificultará el acceso a estos recursos a miles de empresas e incrementará de forma exponencial el riesgo de fraude”, ha expresado Rodríguez.

La patronal ya ha pedido al Gobierno que la suspensión temporal de los límites por los que una empresa deja de estar obligada a auditarse, para que no se tengan en cuenta los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, debido a la crisis económica que están viviendo las compañías por la pandemia del Covid-19.

Esta propuesta, que el Ejecutivo está estudiando, implicaría que las empresas que, por causa del coronavirus, hayan reducido su facturación y número de empleados y no cumplan con los objetivos marcados en la ley para auditarse de manera obligatoria, tengan que hacerlo igualmente.

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