El Covid también golpea en la última línea: las funerarias
Los márgenes de las empresas grandes se reducen Las más pequeñas denuncian trabas a la competencia
Los hospitales no son los únicos que llevan meses luchando contra la sobrecarga de sus unidades y la escasez de personal. La pandemia de coronavirus, que ha provocado un exceso de casi 71.000 muertes en España, también ha puesto al límite a las funerarias.
Pero contra lo que cabría esperar, este va a ser un mal año para las empresas del sector. Las grandes han visto cómo se reducían sus ingresos por la imposibilidad de prestar ciertos servicios y las más pequeñas denuncian trabas a la competencia por parte de las aseguradoras que controlan el mercado de pólizas de decesos.
El papel de las funerarias en la gestión de esta crisis es esencial: cuando la prevención falla, el enfermo de Covid se agrava y los servicios médicos no consiguen salvarle la vida, alguien tiene que encargarse de dar sepultura a los cuerpos. “Somos el último eslabón de la cadena sanitaria, pero muchas veces somos los grandes olvidados”, afirma Fernando Yaybeck, director general de Iniciativas Alcaesar, una sociedad de Albia y Funespaña que opera en Extremadura.
Yaybeck refleja el sentir de su gremio cuando dice que echa de menos una mayor coordinación con el sector por parte de las autoridades sanitarias. En los meses más duros del estado de alarma, una relación más fluida con el ministerio y las consejerías de Sanidad les hubiese evitado dudas en la interpretación de los protocolos de actuación o facilitado información sobre qué tipos de sudarios utilizar, cómo manipular los cuerpos o cómo trasladarlos de una región a otra.
La expresión más grande de esta falta de comunicación fue la morgue instalada en la pista de patinaje del Palacio de Hielo de Madrid. Las empresas se enteraron de que el ejército estaba llevando los féretros ahí por la prensa.
Para evitar situaciones como esta, Panasef, la asociación nacional de empresas funerarias, reclama “línea directa” con el Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del ministerio. “Nuestra preocupación se centra ahora en las comunidades. Les hemos pedido a todas una reunión y muy pocas han contestado. Con Cataluña ya trabajamos desde hace meses”, comenta Alfredo Gosálvez, secretario general de Panasef.
Panasef reclama más coordinación y “línea directa” con el ministerio y las consejerías de Sanidad
En España prestan servicios funerarios unas 1.100 empresas, de la cuales entre 800 y 900 son pymes que facturan menos de 1 millón de euros. A pesar de que la pandemia disparó las defunciones, el negocio, según la patronal, se ha encogido en la primera mitad del año más de un 40% con respecto al mismo periodo de 2019, es decir, que habrían dejado de ingresar unos 329 millones de euros.
Panasef achaca esta caída a los sobrecostes de equipos de protección, sudarios específicos y cientos de horas extras en que las compañías han debido incurrir para solventar la emergencia y los numerosos servicios que no pudieron prestar durante el confinamiento. Los velatorios, por ejemplo, quedaron prohibidos de finales de marzo a finales de mayo.
La asociación calcula que las restricciones impidieron a las funerarias cobrar por flores, coronas, recordatorios, esquelas y otros muchos conceptos que pueden llegar a representar el 40% del recibo habitual en condiciones normales.
“Durante algunas semanas nuestra actividad quedó reducida a la parte puramente logística: el traslado a cementerios y crematorios”, explica Juan Jesús Domingo, consejero delegado de Mémora, la segunda funeraria más grande de España, que ha asumido casi cuatro millones de euros de costes extraordinarios.
Las empresas niegan que hayan intentado compensar el aumento de gastos con subidas de precios, aunque al inicio de la emergencia el Gobierno respondió a denuncias de incrementos prohibiendo alzas atribuibles a la pandemia.
La Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) estima que un sepelio discreto cuesta de media unos 3.500 euros, pero advierte de que se trata de un dato difícil de calcular por la escasa transparencia del sector en cuanto a la publicación detallada de sus tarifas. Esta falta de información, explica, dificulta que los consumidores puedan conocer a priori los precios vigentes antes del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y si los que finalmente han pagado o les han presupuestado cumplen la orden del Gobierno.
Fuentes de OCU informan de que en lo que va de año han atendido 130 reclamaciones relacionadas con servicios funerarios y siete directamente asociadas con la pandemia. "No hemos notado un aumento de consultas en relación con el año anterior. Los temas de los que nos suelen consultar son falta de transparencia en la factura, disconformidad con el encargo y conceptos improcedentes", precisan.
Esfune acusa a las compañías de seguros de inducir a los clientes a contratar funerarias del mismo grupo
Aureli Sánchez, presidente de Esfune, asociación de pequeñas funerarias con sede en Manresa, recurre a un símil para ilustrar el impacto del Covid en las empresas grandes: “Es como si Iberia tuviera que adaptarse para ofrecer vuelos tipo Vueling”. Esfune agrupa a unas 15 empresas de municipios como Salamanca, Tenerife, Albacete, Huesca o Tarragona, casi todas negocios familiares, de cuatro o cinco empleados.
Salvo días puntuales, Sánchez asegura que estas no se han visto desbordadas ni sus márgenes recortados porque sus costes fijos son bastante bajos y los acuerdos de exclusividad y colaboración entre hospitales, geriátricos y aseguradoras les hacen muy difícil competir por los contratos. “La mayor parte del pastel ya está cogido”, resume.
Esfune lleva un tiempo denunciando que las aseguradoras se aprovechan del estado de conmoción en que se encuentran los familiares de los fallecidos durante las primeras horas del deceso para inducirlos a contratar proveedores pertenecientes al mismo grupo o con los que tienen acuerdos, cuando el cliente es libre de elegir cómo quiere que se gaste la póliza.
Incluso, denuncia que cuando una funeraria ajena al grupo con el que el cliente tiene contratada la póliza de deceso acepta por elección de este ocuparse del entierro, en represalia, la aseguradora tarda meses en abonarle la factura. “Muchas renuncian a contratos por temor a verse asfixiadas”, declara.
Casi la mitad de la población en España cuenta con un seguro de decesos. En 2019, alrededor de 270.000 personas fallecidas fueron atendidas por pólizas de decesos, lo que supuso en torno al 63% de los sepelios, según Unespa.
La CNMC, el órgano supervisor de la competencia, informó en septiembre que investiga posibles casos de concentración y malas prácticas en los mercados de seguro de decesos y de servicios funerarios que, según El País y otros medios, están relacionados con la fusión de Funespaña y Albia, filiales de Mapfre y Santalucía, respectivamente.
Segunda ola, manejable... de momento
Panasef asegura que las empresas enfrentan el segundo pico de Covid mejor preparadas que el primero porque durante el verano hicieron acopio de mascarillas, guantes, calzas, ataúdes, sudarios... Alcaesar cuenta con stock para tres meses y Eurocoffin, fábrica de ataúdes de Mémora, está lista para triplicar su producción de ser necesario. También se han instalado nuevos hornos crematorios. En Madrid han pasado de 28 a 34.
Las firmas consultadas señalan que el brote es manejable, pero temen que se vuelva a descontrolar y, por eso, han reforzado su plantilla. En este aspecto, la situación es delicada en la Funeraria Municipal de Madrid, cuyos empleados han hecho ya dos huelgas –y no descartan una tercera– para reclamar medidas al respecto.
“No hay gente para cubrir todos los horarios”, se queja Manuel Carmona, representante de los 478 trabajadores, el 13% de los cuales son temporales. “Ahora tenemos unos 50 entierros diarios, casi dentro de lo normal, pero en el peor momento llegamos a 200, lo que nos obligó a hacer 14-15 horas. Esa vez era entendible. No podemos apelar siempre al heroísmo de los compañeros”, remarca.
La vuelta a un IVA reducido
Fiscalidad. Hasta agosto de 2012, los servicios funerarios pagaban un IVA reducido del 8%. Pero en septiembre de ese año, el Gobierno de Rajoy lo subió al tipo general del 21%. Desde entonces, el sector reclama que la medida sea reconsiderada. Juan Jesús Domingo, de Mémora, justifica la petición porque se trata de una actividad “absolutamente esencial” y que “nada tiene que ver con la esencia del impuesto”, que es gravar el consumo.
Argumentos. El CEO agrega que, comparado con el que se aplica en otros países, el IVA al sector en España es “desproporcionado” y “nos discrimina como ciudadanos al morir”. Recuerda que el transporte de viajeros y la hostelería están gravados con un 10% y los servicios sanitarios, exentos: “Tres servicios homólogos a nuestras prestaciones: la del transporte de difuntos y familiares, la prestación hostelera en el tanatorio y la de las prácticas sanitarias al difunto”, argumenta.
