Sánchez & Redondo: pérdida de olfato o miedo a Iglesias

El Gobierno pone a la Secretaría de Estado de Comunicación a liderar la lucha contra la desinformación y evita el Consejo Nacional de Ciberseguridad, presidido por el CNI.

El BOE del 6 de noviembre publicaba la Orden PCM/1030/2020 sobre el Procedimiento de actuación contra la desinformación, que había sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) el 6 de octubre, de manera que ha estado un mes dando vueltas por las entrañas de Moncloa. La vicepresidente primera, Carmen Calvo, es la encargada de firmar esta orden cuya redacción es un tributo a Una noche en la ópera, de los Hermanos Marx, y su magnífico episodio de “La parte contratante de la primera parte”.

El contenido de esta orden ministerial ha tenido la habilidad de generar el rechazo unánime de los medios de comunicación, incluidos los más afines al Gobierno, además del obvio de los partidos de la oposición. Las críticas más comprensivas han eludido entrar en el fondo del asunto y, como no tiene pase, han preferido descalificar la iniciativa por su popurrí argumental y enrevesada redacción. La gravedad está en generar un procedimiento anti fake news y colocar al frente del mismo a la Secretaría de Estado de Comunicación, el interlocutor oficial y formal del Gobierno con los medios de comunicación. Es tan grave que lo sorprendente es que parezca normal a un Gobierno que se dice progresista.

La oportunidad y el contenido de esta orden, unido al despropósito que fue la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), inducen a pensar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su fontanero mayor, Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia, han perdido el olfato político, justo el sentido que les llevó al poder, con ocasión de la moción de censura a Mariano Rajoy en mayo de 2018.

El caso del CGPJ es sobradamente conocido; fue un órdago del Gobierno (PSOE-Podemos) para amedrentar al PP que les salió mal. Para sentarles a negociar, les amenazaron con una reforma del CGPJ que mermaría la independencia de un poder, como el judicial, que ya tiene encima suficiente estigma de politización. El presidente del Gobierno, en una hábil maniobra, aprovechó la desastrosa moción de censura de Vox para rectificar y retirar semejante propuesta y volver a la casilla de partida, la negociación entre bambalinas con el PP.

Resulta sospechoso tanta torpeza en tan poco tiempo. Echarse encima a jueces y periodistas en un mes, con cambios regulatorios que nadie reclama, y menos en tiempos de pandemia, es absurdo por gratuito. En el Gobierno hay gente muy válida, tanto en los equipos políticos como entre los funcionarios, que seguramente ya avisaron de tanto error. Puede que no midieran bien con la reforma del CGPJ, que el órdago resultó un farol, y “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, ¿a qué viene? Quizá la respuesta esté en las ocho páginas de la maldita orden ministerial.

Dicha orden sitúa en el Consejo de Seguridad Nacional la paternidad de este procedimiento, que se aprobó en su reunión del mencionado 6 de octubre, sesión, presidida por Pedro Sánchez y a la que asistieron todos los miembros del consejo: los cuatro vicepresidentes, nueve ministros y siete altos cargos. En dicha reunión se aprobó el esquema de funcionamiento y gobernanza del mencionado procedimiento contra la desinformación que contiene la orden ministerial, donde se otorga toda relevancia a la Secretaría de Estado de Comunicación.

Esto no era necesario, puesto que el CSN ya cuenta con siete consejos sectoriales (Ciberseguridad, Marítimo, Inmigración, Energético, No proliferación, Contra terrorismo y Aeroespacial) y el propósito del “Procedimiento de la lucha contra la desinformación” encaja a la perfección con las competencias del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Sin duda es su sitio, si el objetivo es detectar y frenar eventuales ataques desde el exterior, como han reiterado diferentes miembros del Gobierno para defenderse de las acusaciones de intento de censura de los medios de comunicación.

Pero esta versión del Gobierno no encaja con el contenido de la orden ministerial, que se aleja del universo administrativo de la defensa para adentrarse en el mundo de los periodistas, tanto que la Secretaría de Estado de Comunicación, a la que coloca al mando del “Procedimiento contra la desinformación”, se menciona en 18 ocasiones. Además, esta secretaría de estado (Miguel Ángel Oliver) ni siquiera es miembro del CSN; sí lo es el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (Iván Redondo), de quien depende el Departamento de Seguridad Nacional.

En definitiva, si hubieran colgado dicho procedimiento del Consejo Nacional de Ciberseguridad, hubiera resultado más creíble que el objetivo es defender España, pero si lo haces depender de la Secretaría de Estado de Comunicación y, encima, entre las “autoridades públicas competentes” que van a participar colocas a los Gabinetes de comunicación de Ministerios, igual es que te quieres defender de los medios de comunicación. Para colmo, el BOE dice que Oliver depende orgánicamente de Sánchez y funcionalmente de la ministra Portavoz del Gobierno.

¿Por qué tanta torpeza? Hay un pequeño detalle: el Consejo Nacional de Ciberseguridad lo preside el director general del CNI y lo integran representantes de 12 ministerios, ninguno de los cuatro que gestiona Podemos (Igualdad, Consumo, Trabajo y Universidades). Entre los 21 miembros del CSN, el órgano superior, solo tienen a Pablo Iglesias y aunque la Ley de Seguridad Nacional permite convocar a otros ministros, además de los natos, no les llaman. Podemos sabe que pinta poco en los alrededores de la Seguridad del Estado y que es más permeable el ámbito de Oliver y Redondo, La Moncloa.

A Podemos le fascina el mundo de la seguridad y de la (des)información, hasta han creado su propio periódico, como Vox. Recuerden, me pido el CNI y RTVE. Es posible que esta desgraciada orden ministerial sea el parto de otra batalla dentro de la coalición de Gobierno. Sea por miedo o por pérdida de olfato, el resultado es desastroso para el dúo Sánchez & Redondo.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense