Previsión social complementaria

Así es el macrofondo de pensiones de empleo de promoción pública que prepara Escrivá

Desde el Ministerio de Seguridad Social pretenden emular el existoso sistema sectorializado del País Vasco

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya incluye en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones. Concretamente, las cuentas públicas recogen tres cuestiones: el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas --aunque está pendiente de desarrollar un mecanismo permanente en la ley--; inician la separación de fuentes de financiación, trasladando casi 14.000 millones al Estado de los 23.000 millones de gastos potencialmente impropios de la Seguridad Social; y, finalmente, se establece un mandato para que se cree, desde la Administración, en el plazo de un año, "un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto" para empresas y trabajadores (incluidos los autónomos).

Los responsables del ministerio de Inclusión han dado hoy algún detalle de este futuro macro fondo de pensiones de empleo (aquellos que se suscriben con aportaciones conjuntas de la empresa y el trabajador). "Tenemos que movernos rápido para crear esta legislación, tenemos un año para su desarrollo, no nos gustaría agotarlo, pero hay que ir con mucho cuidado y hacerlo en colaboración estrecha con el Ministerio de Economía", ha detallado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.

No obstante, y con todas las cautelas por el incipiente estadio en el que está esta propuesta, los responsables del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, han dado hoy algún detalle de lo que tienen en mente para la creación de este macro fondo de pensiones. Según Arroyo, siempre que se habla de estos modelos hay referencias al sistema Nest del Reino Unido, en el que las empresas están obligadas a ofrecer por defecto a los trabajadores la participación en un plan colectivo de carácter privado, "pero este sistema no es el único y tampoco el más adecuado para la legislación española". Por el contrario, Arroyo ha dicho que el Gobierno se inclinaría más por emular el sistema de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) implantadas en el País Vasco, que se caracterizan por su carácter sectorial. Se trata de un exitoso sistema que cuenta con más de 20 años de experiencia y gracias al cual medio millón de trabajadores vascos tienen uno de estos planes de empleo.

Así, se tratará de un "fondo de pensiones público promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones" que estará "gestionado por una entidad gestora independiente y custodiado por una depositaria independiente". Dichas entidades se escogerán por medio de "elección competitiva por concurso abierto". Esto permitirá aumentar la competencia entre los agentes del sector garantizando comisiones, según el Ministerio, inferiores al 0,4%.

¿Qué será exactamente lo que gestione este fondo?, según lo avanzado hoy podrán adscribirse a este fondo de gestión pública "los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo decidan, con apoyo del Estado" y también se adscribirán "por defecto" los "nuevos planes de pensiones de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico".

Con ello estará especialmente pensado para "dar cobertura a trabajadores autónomos, planes sectoriales y pymes" y habrá "libertad para entrar y salir del fondo", indican desde Seguridad Social. Y precisan que los planes que gestionarán serán aquellos desarrollados en la negociación colectiva, de ahí el "enfoque sectorial" que defienden.

En cuanto al control que ejercerá la Administración, se especifica que habrá dos "salvaguardas del Estado: "la política de inversiones del fondo de pensiones, que no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones"; y este mismo Ministerio "tendrá derecho de veto en relación con las decisiones que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria", señalan los responsables ministeriales.

En esto se diferenciaría claramente del sistema del Reino Unido, donde el control no es gubernamental sino Parlamentario, por lo que la rendición de cuentas se abre también a los grupos de la oposición en ese caso.

En cuanto a las otras dos cuestiones del Pacto de Toledo que incluyen los Presupuestos, tanto Escrivá como Arroyo han explicado que su equipo ya trabaja en la definición de un mecanismo "permanente" y "previsible" que incluir en la ley para revalorizar las pensiones y que mantengan su poder adquisitivo. En este punto, el secretario de Estado de Seguridad Social ha especificado que dicha fórmula tendrá en cuenta "la inflación media en un determinado periodo" a través de un mecanismo que aún tiene que negociar con la patronal y los sindicatos.

No obstante, si este periodo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas fuera superior al año, los Gobiernos podrían tener en cuenta ganancias de poder de compra de un año para que fueran compensadas en años siguientes, en los que podrían no subir las pensiones conforme al IPC.

Finalmente, Escrivá volvió a asegurar que con el traslado al Estado de los casi 23.000 millones de gastos impropios del sistema de pensiones al final de la legislatura, quedará cerrado totalmente el déficit estructural de la Seguridad Social. Si bien, la Seguridad Social arrastra una deuda histórica que ascenderá a 85.000 millones de euros, fruto de préstamos sanitarios de hace varias décadas y los cuatro préstamos concedidos por el Tesoro desde 2018 para costear los déficits anuales.

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