Presupuestos para 2021: un revés a la complementariedad de las pensiones
Al reducir los incentivos a los planes individuales se cierra una puerta importante al ahorro del 90% de los empleados, que trabajan en pymes
No lo dice expresamente, pero tengo la sensación de que el espíritu del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado trata de establecer una suerte de enfrentamiento entre los planes de pensiones individuales y los colectivos (o de empresa). No quisiera pensar que lo que pretende hacer el Gobierno es recortar los incentivos fiscales de los primeros para aumentar los de los segundos. Como si se tratara de vasos comunicantes. Porque nada más lejos de la realidad.
Cuando hace unos años el Parlamento Europeo pensó en cómo habrían de ser los futuros sistemas de pensiones en el Viejo Continente, ya advirtió que habrían de basarse en tres pilares: (i) una pensión pública universal, por sistema de reparto; (ii) una pensión complementaria de corte profesional accesible a todos los trabajadores; y (iii) una pensión complementaria basada en planes de ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización.
Tres pilares. Ni uno más ni uno menos. E Iguales de importantes y necesarios los tres para afrontar el mayor desafío que tiene Europa en el horizonte: el envejecimiento de su población.
Es cierto que solo el 0,9% del total de contribuyentes que presentan la declaración del IRPF se deducen el máximo de 8.000 euros al año. Pero aducir que se reduce el límite máximo de desgravación en los planes individuales de 8.000 a 2.000 euros al año para favorecer la fiscalidad de los planes de empresa (cuya desgravación sube de 8.000 a 10.000 euros) es dar por hecho que la masa salarial de este país trabaja en grandes empresas de cientos de trabajadores con planes de pensiones colectivos.
Pero la situación actual dista mucho de ser así. Si estrangulamos los incentivos individuales estamos cerrando una puerta importante al ahorro al 90% de los trabajadores españoles, que lo hacen en empresas de pequeño y mediano tamaño.
¿Pensamos de verdad que las pymes van a aumentar las contribuciones a sus empleados con la que está cayendo?
Si lo que se quiere es cambiar la supuesta regresividad (y que la deducción fiscal no sea igual al tipo marginal del contribuyente), para los salarios superiores a 35.200 euros, donde el marginal está ya en 37%, se podría tomar este porcentaje como referencia para cualquier salario. De esta forma, para los sueldos superiores se bajaría la deducción del actual 45% (o superior) al 37%. Y para salarios inferiores, cuya deducibilidad se sitúa por debajo del 19%, elevarlo a ese 37%, que además sería también el tipo tributario en el rescate del plan de pensiones. Con la nueva reforma se podrán articular sistemas de jubilación a través de planes de promoción conjunta en fondos de pensiones de empleo —lo que se conoce como planes de pensiones de pymes— pero esto ya existe desde 2001 y su desarrollo ha sido ínfimo.
Se pretenden que los activos de un fondo público de pensiones para pymes y autónomos, gestionado por bancos, llegue a los 300.000 millones de euros y se invierta en deuda pública española. Y aquí la pregunta sería ¿quién lo va a financiar? y ¿cómo se van a controlar los vaivenes del mercado secundario de deuda pública al que está sometido la valoración diaria del fondo? Y por último ¿se dotará de nuevo el fondo de reserva de la Seguridad Social que llegó a los 67.000 millones de euros en 2011?
Echo claramente en falta alguna propuesta sobre el primer pilar, en línea con lo recomendado por el Banco de España en varios de sus informes: Nada de “una reforma que aumente la transparencia del sistema y refuerce su contributividad”. Ni una palabra de “la necesidad de dotar a los ciudadanos de la información necesaria sobre su pensión futura, de manera que puedan tomar decisiones óptimas de ahorro y de participación en el mercado de trabajo”. Y nada que apunte a “una transición hacia un sistema de cuentas individuales nocionales de contribución definida”.
Los fondos de pensiones y seguros son los activos financieros mayoritarios en la cartera del hogar medio europeo, con el 41,5%. En las familias españolas representan el 16,7%. Dudo que este cambalache fiscal vaya a cambiar sustancialmente nuestro porcentaje. Con lo que la complementariedad seguirá siendo irrelevante. Justo lo contrario que recomienda Europa.
Se ha perdido una nueva oportunidad de avanzar hacia, en palabras del Banco de España, “la transición a un sistema de cuentas individuales nocionales de contribución definida”. Este sistema actuarial de cuentas nocionales — que es que yo defiendo de y el que rige las pensiones de jubilación en Suecia, por ejemplo— seguiría siendo público y de reparto y, sobre todo, mejoraría al máximo la contributividad y la transparencia. Para llegar hasta el no habría que darle la vuelta al calcetín. Bastaría con ahondar en lo ya hecho. A saber: la ampliación del período de cálculo de la base reguladora de la pensión a toda la vida laboral, la igualación de la tasa de acumulación de los derechos de pensión en función de las cotizaciones realizadas y la aplicación individual (no por cohortes, como se contempla ahora) del factor de sostenibilidad introducido por la reforma de 2013. El sistema ganaría en transparencia, flexibilidad, contributividad y reduciría el impacto negativo de una caída de las cotizaciones en las edades cercanas a la jubilación sobre los derechos de pensión.
Finalmente, para garantizar la sostenibilidad del sistema, la reforma propone acabar con el origen del déficit, que no es otro que haber hecho cargar hasta ahora a la Seguridad Social con gastos impropios que no deben ser financiados, según las recomendaciones del Pacto de Toledo, con las contribuciones sociales. Y está bien, pero antes de seguir acometiendo más reformas, los políticos y la ciudadanía, es decir, todos nosotros como Estado, deberíamos responder dos preguntas: (i) ¿qué tasa de sustitución de las pensiones queremos asegurar con el sistema público? y (ii) ¿qué nivel de equidad intergeneracional queremos asegurar? Dar respuesta a estos interrogantes es la condición previa, de verdad, para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Luis Sáez de Jáuregui es Vicepresidente de la Fundación AXA