El dinero para prestaciones por desempleo sube un 20% e incluye ayudas para quienes las agoten
El presupuesto recoge 26.634 millones de euros de un primer pago de los fondos europeos para mitigar los efectos de la pandemia
Las grandes líneas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están fuertemente condicionadas por el impacto de la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, tanto en su diseño como la incorporación de los fondos europeos concedidos para mitigar los sobrecostes generados.
Así, los presupuestos para 2021 incorporan en sus dotaciones un total de 26.634 millones de euros, para gastos e inversiones a financiar en el marco del Fondo de Recuperación Next Generation EU. De dicho total de fondos 24.198 millones pertenecen al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 2.436 millones de euros corresponden a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa(React-EU).
Con estos fondos adicionales, el presupuesto de gasto inicialmente previsto de 385.453 millones de euros (que supondría un incremento del 6,4% respecto a 2020) se eleva a 412.087, lo que representa un fuerte aumento del 13,8% respecto al presente ejercicio.
El 53,7% de todos los gastos son de carácter social, siendo las pensiones la partida más abultada (163.297 millones de euros) tras incrementarse un 3,2%. De esta forma 38 de cada cien euros de gasto van destinados al pago de todo tipo de pensiones de la Seguridad Social.
El siguiente capítulo de gasto por su volumen es el de las prestaciones por desempleo, cuyo cálculo está visiblemente condicionado por el daño al mercado laboral que se espera que arrastre por la pandemia.
Las líneas generales de los Presupuestos presentadas el martes no incluían ninguna partida específica para costear expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero, que es la fecha en la que vencen las actuales condiciones de esta herramienta de ajuste. Sin embargo, el detalle presupuestario presentado ayer sugiere que el Gobierno espera costear posibles prórrogas y, en general, la atención a los parados generados por la pandemia con un aumento de la partida para prestaciones por desempleo de más del 20%. Concretamente, las cuentas públicas prevén un gasto inicial en desempleo este año –antes de la crisis, que prácticamente lo ha duplicado– de 20.820 millones de euros, con lo que sumarán otros 4.192 millones el próximo año para costear estas ayudas a parados.
Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho el martes que si se prorrogaban los ERTE más allá del 31 de enero “se encontraría la financiación” para costearlos, ayer precisó que estos ajustes se podrán costear con el presupuesto para prestaciones por desempleo tras su incremento del 20%. “El Servicio Público de Empleo (SEPE) es un todo, y somos conscientes de la flexibilidad que tendrán que tener el próximo año sus partidas, que serán vasos comunicantes”, dijo Montero.
Asimismo la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, indicó que la partida para desempleo incluye también 262 millones para un nuevo subsidio para los trabajadores que hayan agotado todas sus ayudas en la pandemia y no hayan podido generar nuevas prestaciones. Si bien desde el Ministerio de Trabajo indicaron que aún se están negociando y diseñando las características de este subsidio.
La partida de sanidad se llevará 5.088 millones de euros, de los que casi 3.000 llegarán de los fondos europeos; y educación, otros 4.893 (1.803 también de las ayudas europeas).
Tras el gasto social se sitúa el capítulo de actuaciones de carácter general (el 33,5% del gasto) en el que destacan las transferencias del Estado a otras Administraciones, fundamentalmente autonómicas, a lo que se destinan 70.288 , un 34% más que este año; y el pago de 31.675 de intereses de la deuda pública, que apenas aumentan un 0,4%.
El total de gasto se completa con otras actuaciones de carácter económico (infraestructuras; digitalización, agricultura,; comercio, turismo y pymes; industria y energía; o subvenciones al transporte) en lo que se invertirán casi 50.000 millones de euros, de los cuales 17.210 provendrán de las ayudas de los fondos europeos por la pandemia. Y otros 22.697 millones más para justicia, defensa, seguridad ciudadana y cooperación exterior. Esta partida crece un 5%.
Ingresos
Para financiar todos estos gastos el Gobierno prevé tener unos ingresos consolidados no financieros por valor 320.230 millones de euros lo que supondrá un aumento del 7,5%. Según las cifras no consolidadas llegarán 222.107 millones de impuestos, un 13% más, y a través de las cotizaciones de empresas, trabajadores y parados y cuotas de derechos pasivos, por los que llegarán 125.144 millones, un 3,4% más que en 2020. La recaudación de IRPF se elevará a 94.196 millones, tras aumentar un 7,8%; del impuesto de sociedades llegarán 21.720 millones, y por el IVA, 72.220 millones, un 13,9% más.