El sector carga contra la regulación de precios y los inquilinos vigilarán que la ley se apruebe

Los propietarios aseguran que la limitación reducirá la oferta y los consumidores aplauden que se garantice el derecho a una vivienda

Anuncio de una vivienda en alquiler.
Anuncio de una vivienda en alquiler. EFE

El acuerdo in extremis entre PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha en el plazo de cuatro meses una regulación de los precios del alquiler residencial ha generado reacciones de todo tipo y condición. A un lado, las asociaciones de propietarios, promotoras y portales inmobiliarios cargan contra una medida que consideran "ideológica" y cuyas consecuencias provocarán una reducción de la oferta. Al otro, las organizaciones de inquilinos y consumidores aplauden una iniciativa que "puede abrir la puerta a frenar la especulación en los alquileres y facilitar el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda".

La norma, según el pacto de los partidos del Gobierno, habilitará a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, "puedan establecer su índice de precios de acuerdo con una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”. Con él, las administraciones podrán articular mecanismos para acotar de forma temporal las alzas de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los ya existentes.

La jugada de Unidas Podemos, a falta de cómo se aterrice la futura norma, supone una victoria sobre el sector del Gobierno más ortodoxo, capitaneado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abiertamente contraria a este tipo de regulación. También supone un guiño hacia el Govern catalán, que en septiembre aprobó una ley para limitar las rentas en 60 municipios en la que aparentemente se inspirará el Ejecutivo para lanzar la norma a nivel estatal.

La medida, en opinión de Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), supone una mala noticia para el mercado. "Este tipo de regulación conseguirá un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica. Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora".

La normativa, que se incluirá en la próxima Ley Estatal de Vivienda, "no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España", prosigue Toribio, que resalta la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, "supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda".

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, afirma que la limitación de los precios del alquiler va a traer consigo "daños irreparables para el mercado", porque irá ligada a una "fuerte retracción de la oferta" que provocará una subida de los precios y "un grave aumento" de la economía sumergida.

En esta misma línea ahonda el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, que techa la iniciativa de "una intervención del mercado en toda regla". "Es una medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler", remarca Zurdo.

Una medida necesaria

Los que pagan el alquiler, a diferencia de los propietarios de las viviendas, valoran positivamente el acuerdo. La regulación que se propone, explican los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas de Madrid y Barcelona, es de mínimos, "pero supondrá un cambio histórico después de décadas de políticas al servicio de la especulación". Así, "si antes de la pandemia el alquiler ya se comía más renta que en ningún otro país del mundo, ahora nos encontramos en una situación crítica".

Los sindicatos afirman también que en los próximos meses "será muy importante no bajar la guardia ante las presiones que el Gobierno recibirá por parte de aquellos que quieren seguir especulando con la vivienda en plena pandemia, a costa del bienestar colectivo".

Facua Consumidores en Acción afirma por su parte que esta medida es un paso que, con voluntad política por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, "puede abrir la puerta a frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda".

La asociación de consumidores confía en que el texto de la nueva norma contemple medidas claras que ofrezcan mayores garantías y protejan los derechos de los inquilinos "de manera efectiva" y que recoja mecanismos de vigencia de su aplicación y cumplimiento por parte de las comunidades y ayuntamientos.

Así, considera fundamental que la nueva ley corrija la actual situación que se da en el mercado de la vivienda, que ha transformado un bien esencial "en un mero objeto de especulación económica" y que, por tanto, se acabe con el "alto coste" de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y "que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales".

Los portales, contra las medidas "coercitivas"

Los principales portales inmobiliarios, por su parte, insisten en que la solución para el mercado del arrendamiento pasa por la adopción de medidas que incentiven la aparición de más producto en alquiler y que se deje de lado "cualquier política coercitiva o punitiva", afirman desde Idealista. Asimismo, señalan que ante un aumento del producto disponible, la tendencia alcista se revierte y los precios bajan, "sin ninguna intervención pública". Así lo cree también el director de estudios de Pisos, Ferran Font, quien cree que limitar las rentas de alquiler "no es la solución" y que la regulación de los alquileres llega en un momento "de tendencia a la baja".

Fotocasa, por su parte, aplaude que el Gobierno se centre en solucionar un problema "tan importante" como el del precio de la vivienda en alquiler, pero cree que la regulación de los precios puede contraer todavía más la oferta de la vivienda en alquiler. "Esta medida puede hacer que a la larga muchos propietarios decidan poner sus viviendas en régimen de venta y no de alquiler si la regulación de precios es muy restrictiva", resalta su portavoz, Anaïs López.

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