El grueso de la reforma de pensiones no se incluirá en los Presupuestos de 2021
Dejan fuera los cambios en las jubilaciones anticipadas y los incentivos a prolongar la vida laboral e incluyen el traspaso al Estado de parte de gastos impropios del sistema
La veintena de recomendaciones del Pacto de Toledo cuyo texto fue cerrado finalmente el viernes pasado por los grupos parlamentarios se someterán hoy a debate público y votación en comisión. Ayer precisamente se supo, por boca del presidente del PP, Pablo Casado, que los populares votarán a favor de lo recomendado por el Pacto de Toledo. Con ello el texto podría reunir un consenso muy mayoritario del que se podrían quedar fuera solo los miembros de Vox, que aún no han confirmado cuál será su voto. El texto y los votos particulares pasarán después por el Pleno del Congreso.
En paralelo, el Gobierno negociará con patronal y sindicatos la reforma de la Seguridad Social con estas recomendaciones como guía. De hecho, esta negociación relegará la mayoría de los cambios de esta reforma a dentro de unos meses. Por tanto, el grueso de las nuevas medidas no se incluirán en los Presupuestos para 2021. Solo recogerán la anunciada subida del 0,9% de las pensiones para 2021 pero no la fórmula definitiva que garantizará a partir de ahora por ley esta revalorización según el IPC, cuyo diseño se incluirá en la reforma que se pacte con los agentes sociales.
Asimismo, recogerán también una parte importante del traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social que ahora se financian con cotizaciones y que pasarán a costearse con impuestos generales. Según el plan presupuestario esta cantidad que se liberará a la Seguridad Social y que en su totalidad asciende a unos 23.000 millones de euros, supondrá en 2021 unos 14.000 millones (incluyendo el ingreso mínimo vital).
Junto a ello, el Gobierno hará una “mención” a la creación de un gran fondo de pensiones de empleo. Pero dejará fuera todos los incentivos a la prolongación de la vida laboral, la reordenación de los coeficientes penalizadores del retiro anticipado o los cambios en el cálculo de las pensiones. Esto último requerirá, según las recomendaciones del Pacto de Toledo, una evaluación "en el menor tiempo porsible", por parte del Gobierno de la ampliación progresiva de 15 a 25 años del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, aprobada en la reforma de 2011.
En este sentido, el Pacto de Toledo advierte que dicha evaluación debe tener en cuenta el impacto de esta ampliación "en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad". Por este motivo, los grupos consideran que "dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". Y concretan que, en particular, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización.
Asimismo, queda fuera de los presupuestos y también requiere una evaluación, según las recomendaciones del Pacto de Toledo, analizar la ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, prevista en la Ley, algo que también se acordó en la reforma de pensiones de 2011.
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