Estas son las veinte recomendaciones de los partidos políticos para la reforma de pensiones
Recomiendan limitar la jubilación anticipada a las largas carreras de jubilación y dejar que los mayores expulsados del mercado elijan los 25 mejores años para calcular su pensión
Los portavoces de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo cerraron este viernes, tras cinco años de largas negociaciones, el texto de un borrador que actualiza una veintena de recomendaciones que servirán como base al Gobierno para reformar el sistema de pensiones. El texto consensuado por todos los grupos parlamentarios se someterá al debate público y votación en Comisión el próximo martes. Allí se conocerá el respaldo final que tendrá el documento. Tras ello se votará en el Pleno y será el turno del Ejecutivo que negociará con los agentes sociales una nueva reforma de la Seguridad Social, con las siguientes 20 recomendaciones como guía:
0. Mantenimiento y mejora del sistema de pensiones público. Los parlamentarios empiezan oponiéndose a cualquier “transformación radical del sistema público”.
1. Reequilibrio financiero. Proponen separar las fuentes de financiación, de forma que las cotizaciones financien exclusivamente las prestaciones contributivas y el resto de gastos se paguen con impuestos. Y que esto se haga eliminando el déficit “no más tarde de 2023”.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo. Defienden la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real, así como su garantía por ley.
3. Fondo de reserva. Reclaman que se dote en cuanto el sistema recupere el equilibrio financiero. Y que se fije “un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad”.
4. Integración de Regímenes. Quieren reducir los regímenes de cotización a dos: uno de trabajadores por cuenta ajena y otro de trabajadores por cuenta propia. Aquí abogan porque “en el diálogo social” se tomen las medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.
5. Adecuación de las bases y periodos de cotización. En cuanto a la fórmula para calcular la pensión, pretenden que se evalúe “a la mayor brevedad posible la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones”. En este punto creen que dicha evaluación debe analizar la posibilidad de que se puedan elegir “los años más favorables en la determinación de la base reguladora”; en particular para los trabajadores que “a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización”. También reclaman evaluar la ampliación del periodo cotizado exigible para cobrar el 100% de la base.
6. Incentivos al empleo. Creen que se deben limitar a discapacitados o personas en riesgo de exclusión; víctimas de violencia de género; parados de larga duración, jóvenes, y mayores de 55 años.
7. Información al ciudadano. Instan al Gobierno a que cumpla con su obligación legal de informar a los ciudadanos sobre sus derechos futuros de pensión.
8. Gestión del sistema. Consideran conveniente la creación de una Agencia para gestionar la Seguridad Social.
9. Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Los parlamentarios creen que se las debería “dotar de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos”, sin restar el control sobre ellas.
10. Lucha contra el fraude. Exigen que se procuzca el cruce de datos entre todas las Administraciones; y reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y endurecer las sanciones hacia los empresarios y trabajadores infractores.
11. Contributividad. Quieren mantener la relación entre lo aportado y lo que se recibe como pensión. Si bien, piden medidas “transitorias” y pactadas en el diálogo social para evitar la merma de las pensiones de los mayores expulsados del mercado.
12. Edad de jubilación. “La edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. Para ello proponen dos vías de actuación. La primera, fomentar la permanencia de los trabajadores a través de la mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes. Y también incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal mediante la mejora de la compatibilidad de la pensión con los ingresos provenientes de una actividad profesional.
La segunda vía consiste en evitar que el retiro anticipado se use como un ajuste de empleo. Para ello creen que “esta práctica debe modificarse reservándose esta modalidad de jubilación a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella”. Además, piden al Gobierno que analice los supuestos en los que los coeficientes reductores de la jubilación anticipada “generan inequidad” y pide una propuesta para su corrección en tres meses.
El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya está diseñando una modificación de estos coeficientes penalizadores de forma que se apliquen sobre la pensión y no sobre la base reguladora, como se hace en la actualidad. Este cambio persigue evitar, como ocurre ahora, que el porcentaje de recorte de la pensiones de quienes han cotizado por bases más altas no sea menor en la práctica. Si bien el sistema actual obedece a la diferencia de esfuerzo de cotización, premiando a quienes más han cotizado, lo que quedaría eliminado con el nuevo sistema.
13. Viudedad y orfandad. Reclaman una “reformulación integral y gradual” de la pensión de viudedad, que tenga en cuenta en la configuración de la prestación las nuevas realidades sociales y familiares y las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios. Y piden elevar la pensión de las pensiones de mayores de 65 años cuando es su única fuente de ingresos. Así como eliminar toda discriminación en los casos en los que no existe vínculo matrimonial. Y quieren subir la orfandad.
14. Solidaridad y suficiencia. Creen que se debe establecer una referencia que determine qué es una pensión suficiente.
15. Sistemas complementarios. Opinan que es necesario impulsar los planes de pensiones de empleo en las empresas, en el marco de la negociación colectiva. Y piden más transparencia en la gestión del tercer pilar (planes privados individuales).
16. Mujeres y jóvenes. Reclaman que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos de cotización por esta causa. Así como reforzar la protección social de los becarios y hacer que los jóvenes confíen en el futuro del sistema.
17. Personas con discapacidad. Se propone la compatibilidad de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.
18. Trabajadores migrantes. La Seguridad Social facilitará la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.
19. Economía digitalizada. Piden regularizar la economía informal, vinculada a plataformas digitales
20. Control. Ven necesario reforzar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones y del equilibrio financiero del sistema, así como de los resultados de la lucha contra el fraude.
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