Seguridad Social

El Pacto de Toledo acuerda el borrador de recomendaciones para reformar las pensiones

Fomentar una la vida laboral más larga, sanear las cuentas para 2023 o rechazar cambios radicales del modelo público, son algunas de sus principales recomendaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.

Los portavoces de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo han cerrado finalmente esta mañana un borrador donde actualizan la veintena de recomendaciones que desde, la creación de esta comisión en 1995, sirven posteriormente para que el Gobierno haga las reformas pertinentes del sistema de pensiones, con estos consejos como guía principal.

Así lo han confirmado fuentes parlamentarias que han explicado que se han producido algunos cambios en las recomendaciones esta misma mañana. Una vez que cerrado este texto se discutirá públicamente y votará en Comisión, previsiblemente el próximo martes. Allí, según otras fuentes partidos como el PP o Vox, podrían incorporen algún voto particular.

La sensación general de fuentes conocedoras de la negociación es que el texto será respaldado por prácticamente todos los grupos parlamentarios, si bien el PP podría haber vinculado su apoyo a que el Gobierno se comprometa a pactar con patronal y sindicatos en la mesa del Diálogo Social el nuevo mecanismo por el que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales, según EFE.

En estas recomendaciones -siempre susceptibles de cambios de última hora-- los grupos parlamentarios empiezan rechazando cambios radicales del actual sistema público de pensiones, que todos coinciden en preservar y reforzar financieramente para mantener su sostenibilidad en el medio y largo plazo. Si bien, sí recomiendan un mejor desarrollo de un sistema complementario de pensiones en el plano privado, especialmente, en el ámbito de los planes colectivos en el seno de las empresas, los denominados planes de empleo.

Entre el resto de las principales recomendaciones está la única que logró acordarse formal y públicamente en la legislatura anterior --no sin mucho esfuerzo negociador que, de hecho, retrasó notablemente el avance en el resto de cuestiones-- que fue la referida a la revalorización por ley de las pensiones en función de lo que suba el IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. En este punto, que seguiría pactado en similares condiciones, el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha avanzado la intención del Gobierno de incluir ya en enero en la ley el indicador permanente de revalorización de las pensiones vinculado a la inflación.

Otra de las grandes cuestiones que incluirá este borrador se refieren a la separación de fuentes de financiación para lo que se propone el traslado de los gastos no contributivos al Estado para que se financien con impuestos y fijan el horizonte de 2023 para culminar este saneamiento. El texto de las recomendaciones que llegó a consensuar el Pacto de Toledo en la anterior legislatura y que no salió adelante en el último minuto por el rechazo de Unidas Podemos ya incluía esta separación de fuentes, pero daba dos años más, hasta 2025, para llevarlo a cabo.

Desde Seguridad Social ya tienen detectados lo que denominan "gastos impropios" del sistema de pensiones por valor de casi 23.000 millones, que son los que en principio podrían traspasarse al Estado. El Gobierno, ya antes de que se cierren estas recomendaciones, tiene previsto iniciar este traspaso de gastos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con una cantidad de alrededor de 14.000 millones de euros, más de lo que se esperaba poder traspasar en un principio, según dijo el propio Escrivá.

Incluyen también la recomendación del Tribunal de Cuentas para cambiar los préstamos que hace el Tesoro anualmente desde hace cuatro años y sustituirlos por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Los parlamentarios abordan también en las reformas paramétricas que se hicieron en 2011, que endurecieron el acceso a la pensión prolongando la edad legal de jubilación a los 67 años de manera progresiva hasta 2027 y aumentando de 15 a 25 años, también paulatinamente los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. Si bien, en este caso, la recomendación tiene el sesgo contrario, ya que propone que se escojan los mejores 25 años de cotización, lo que no supondrá una contención en el gasto sino todo lo contrario. Con ello se persigue cubrir las posibles lagunas que cada vez más trabajadores tienen en sus últimos años de vida laboral.

Para compensar este mayor gasto, las recomendaciones ahondan en el fomento de la prolongación de la vida laboral, con medidas para estimular que la edad real de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal u ordinaria fijada para cada momento, incluyendo una mayor penalización de las jubilaciones anticipadas. Si bien el texto recoge, según Europa Press, la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.



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