Lo que es ilegal ‘offline’, debe ser ilegal ‘online’

La ‘Digital Services Act’ que publicará Bruselas en diciembre es una gran oportunidad para crear un entorno de comercio digital seguro y responsable

Lo que es ilegal ‘offline’, debe ser ilegal ‘online’

Si las compras por internet eran algo normal en nuestras vidas hace ya algunos años, la pandemia provocada por el Covid-19 ha dado el empujón definitivo al consumidor hacia el comercio online. Los ciudadanos que ya valoraban la comodidad de comprar a distancia han intensificado sus compras online de manera exponencial. Los compradores inexpertos se han visto obligados por necesidad a introducirse en el mundo del e-commerce y algunos de ellos no volverán al comercio físico.

Ante la magnitud de los cambios en los hábitos en el consumo impuestos por la pandemia, el comercio y la industria se están adaptando con urgencia para dar respuesta a las exigencias de un consumidor online que lo quiere todo más sencillo, más cómodo y más rápido.

La oportunidad para los negocios que supone el auge del comercio online, no solo es aprovechado por el comercio legal. Para los falsificadores, el e-commerce es el escaparate perfecto para vender. Si el consumidor busca una falsificación, le llega a su casa de forma anónima y sin complicaciones. Pero, además, el mundo online está lleno de aparentes chollos que no puedes ver ni tocar antes de adquirirlos. Tu decisión se conforma a partir de fotos y descripciones sacadas de páginas webs seguras y oficiales que prometen un artículo o producto original a un precio de escándalo. Es muy fácil que el consumidor se vea tentado por una falsificación creyendo que se trata de una gran oferta de una marca, especialmente cuando se compra en webs desconocidas, redes sociales o plataformas de e-commerce.

En el mes de diciembre, la Comisión Europea publicará la propuesta de la nueva normativa que regulará derechos y obligaciones de los distintos actores en el comercio electrónico –la Digital Services Act (DSA)–, que actualizará, entre otras, la directiva de comercio electrónico de 2000 y se aplicará en toda la Unión Europea sin necesidad de incorporarla a las normativas nacionales. La DSA quiere, entre otras cosas, dar respuesta a la creciente preocupación por la falta de responsabilidad de las plataformas de comercio online en la persecución de falsificaciones en sus páginas, introduciendo reglas y obligaciones sobre la eliminación de contenido ilegal. Por eso, desde nuestra organización contribuimos en su día, como así lo hicieron también las grandes asociaciones europeas de defensa de la marca como la European Brands Association (AIM), en la consulta pública de borrador de la nueva normativa europea.

El 20 de octubre, el plenario del Parlamento de la UE celebró dos sesiones de votación sobre la Digital Services Act, una sobre las enmiendas presentadas en los últimos días y otra sobre los informes generales. La gran mayoría de las enmiendas introducidas en los últimos días, y con las que las asociaciones de la defensa de la marca no estábamos de acuerdo, han sido rechazadas. Por su parte, el informe se ha adoptado con 571 votos a favor, 26 en contra y 94 abstenciones (de un total de 691 diputados al Parlamento Europeo) e incluye muchos de los puntos clave que las asociaciones como la nuestra y los titulares de marcas apoyamos. Por lo que estamos satisfechos con los informes del Parlamento Europeo sobre la Digital Services Act y somos razonablemente optimistas respecto al resultado final, que podremos ver el 2 de diciembre.

Para nosotros, es imprescindible que la DSA incorpore la obligatoriedad de acción proactiva de las plataformas de comercio electrónico contra los artículos y productos ilegales. Una de las medidas necesarias es, sin duda, la obligación de las plataformas de verificar los datos del vendedor. Ahora mismo, no es sólo sencillo para los falsificadores vender productos ilegales sin consecuencias debido al anonimato del mundo digital, sino que la falta de mecanismos permite que una vez verificados como ilegales vuelvan a venderse en la misma plataforma con otra cuenta. En este sentido, es necesario también contar con un marco para que las plataformas puedan compartir con las autoridades datos de vendedores que han cometido infracciones y que sean transparentes con los titulares de los derechos de marca. De esta forma se podrán garantizar consecuencias comerciales y legales para aquellos que no cumplen las normas.

En cuanto al consumidor y su vulnerabilidad a la hora de enfrentarse a las compras online, la nueva normativa debería introducir la obligación clara para las plataformas de informar a los consumidores que han adquirido productos falsificados o ilegales. No podemos olvidar que los productos que no cumplen con las normas de seguridad y calidad son un riesgo y pueden ser peligrosos, por lo que el consumidor tiene derecho a saber lo que ha comprado y si ha sido engañado.

Por último, pero no menos importante, necesitamos que las notificaciones de productos ilegales sean más sencillas y efectivas. En la actualidad la notificación de productos ilegales en las plataformas supone una carga excesiva para las empresas titulares de marcas, que están obligadas a monitorear estos negocios para luego notificar la presencia de bienes ilegales.

La Digital Services Act es una gran oportunidad para crear un entorno de comercio online responsable, seguro y justo para todos que garantice los derechos de los consumidores y proteja también a las marcas y las empresas. Solo queda esperar para ver si, efectivamente, la nueva normativa europea de comercio electrónico cumple con este objetivo prioritario que nos beneficia a todos.

José Antonio Moreno Campos es Director general de Andema