El Tribunal de Cuentas de la UE pide revisar las reglas sobre las ayudas públicas a los bancos
Criticó que en los últimos años Bruselas no haya cuestionado a los Estados al evaluar si este apoyo era necesario
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) pidió a la Comisión Europea revisar las reglas sobre las ayudas públicas a los bancos y criticó que en los últimos años Bruselas no haya cuestionado a los Estados al evaluar si este apoyo era necesario para salvaguardar la estabilidad financiera.
Son conclusiones del informe publicado este jueves por los auditores tras analizar si entre 2013 y 2018 la Comisión cumplió con su función de controlar las ayudas estatales a las entidades financieras para garantizar que estas fueran excepcionales y se limitaran al mínimo necesario.
El Tribunal decidió acometer la auditoría tras constatar que diez años después de la crisis financiera mundial, las ayudas estatales a la banca siguen siendo sustanciales: Bruselas autorizó apoyo público por 1,2 billones de euros en el lustro analizado, según la corte.
Los auditores, que han estudiado 24 casos pero no desvelan a qué países o bancos afectan, concluyen que las normas, pese a ser claras y estar bien redactadas, "no eran adecuadas para controlar las ayudas estatales a las entidades financieras".
Destacan que no se revisaron para tener en cuenta la mejora en las condiciones económicas, que fueron favorables hasta la pandemia de COVID-19, ni la adopción en 2014 de la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria, que reforzó la exigencia de que accionistas y acreedores asuman pérdidas antes de recurrir a un rescate con dinero público.
Añaden que las normas europeas, recogidas sobre todo en la llamada Comunicación Bancaria de 2013, prohíben las ayudas públicas a la banca salvo que sean necesarias para evitar una perturbación económica grave en un Estado, pero no definen los criterios para determinar cuando existe tal perturbación.
En este sentido, el informe destaca que la Comisión Europea, pese a examinar rigurosamente los planes de reestructuración que le enviaron los países, no cuestionó a los Estados cuando estos afirmaban que existía una perturbación económica grave que justificaba la ayuda.
Salvo en los países sometidos a un programa de ajuste, no se aportaron justificaciones adicionales, según los auditores.
Una situación similar se da con las ayudas a la liquidación, dónde "la Comisión se no cuestionó las afirmaciones de los Estados miembros de que la posibilidad de inviabilidad de un banco representara una amenaza a la estabilidad financiera".
Mihails Kozlovs, miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, explicó en rueda de prensa que en muchos casos esta justificación se limita a "una o dos líneas" o a citar la Comunicación Bancaria, por lo que los auditores creen que es "un problema sistémico que tiene que ser abordado".
Así, piden a la Comisión que evalúe hasta 2023 si las normas siguen siendo apropiadas y, de modificarlas, establezca criterios de evaluación de una "perturbación grave".
Por otra parte, los auditores consideran que en muchos casos los procedimientos para evaluar las ayudas fueron "largos y no siempre totalmente transparentes", debido a que se recurrió mucho a los contactos informales previos con los Estados antes de notificar oficialmente la ayuda.
Además, la publicación de las decisiones se retrasó con frecuencia porque los países solicitaron ocultar información comercialmente sensible y, si bien Bruselas rechazó las peticiones injustificadas, rara vez publicó la decisión en su totalidad.
Así, pide que se inste a los países a ceñirse al máximo de seis meses para contactos informales y que se acelere la publicación de las decisiones.
Por último, los auditores creen que la Comisión impuso medidas para evitar el falseamiento de la Competencia cuando autorizó las ayudas pero "no analizó los efectos reales de cada medida en la competencia", por lo que le instan a fijar indicadores adecuados para hacerlo, de modo que reflejen el efecto de su actuación y no de otros factores externos.