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Barón de Ley solicita su exclusión de Bolsa pese a la oposición de varios minoritarios

La compañía ofrece 109 euros por acción y saldrá del mercado con el aval de un informe de Renta 4

Eduardo Santos-Ruíz, presidente de Barón de Ley.
Eduardo Santos-Ruíz, presidente de Barón de Ley.

Barón de Ley saldrá de Bolsa en los próximos meses, como ya había anticipado la compañía. La empresa vitivinícola ha presentado ante al CNMV la solicitud de autorización de la opa por todas las acciones que todavía cotizan a un precio de 109 euros por acción con un informe de Renta 4 como aval. La opa se dirigirá a las acciones que no estén bajo el control de Mazuelo Holding, de Eduardo Santos-Ruiz Díaz, máximo ejecutivo, a su vez, del grupo bodeguero.con el 90,4%. Es decir, la oferta se dirige ak 9,4%, una vez excluido el porcentaje que tiene en autocartera y un 0,07% de otro directivo.

La junta de accionistas, controlada por Santos Ruiz-Díaz, dio luz verde el pasado 17 de septiembre a la exclusión de negociación de la compañía en Bolsa. La bodeguera adjunta a la solicitud presentada a la CNMV un aval bancario otorgado por la entidad Caixabank por un importe de 33,07 millones de euros, que cubre todas las obligaciones de pago de Barón de Ley que pueda resultar de la oferta. Ahora la CNMV debe dar su visto bueno a  la operación.

BARÓN DE LEY 110,00 0,00%

Algunos accionistas minoritarios, como el fondo Avantage Fund, aseguran que vale más y que el accionista mayoritario se ha valido de una suerte de grieta en la regulación para hacerse con el control y posteriormente excluirla del mercado, sin posibilidad de discusión, como publicó CincoDías el pasado 17 de agosto. Y además prácticamente gratis. La fórmula empleada para sacar de Bolsa a Barón de Ley sería aplicable a cualquier otra cotizada con un accionista de control.

La empresa vitivinícola se ha caracterizado por una gestión muy prudente de su caja. Nunca ha repartido dividendo, sino que ha empleado una parte de la liquidez en comprar acciones propias para después destruirlas. Es decir, ha ido reduciendo su capital con el paso de los años. Esta es una fórmula habitual de retribución a los inversores.

La posición de tesorería de la bodeguera siempre ha sido la envidia de la Bolsa en general y del sector en particular, y ahora se ha demostrado un escudo frente al Covid-19. A cierre del año pasado, contaba con una caja neta de 172,4 millones. Ni un euro de deuda.

El detonante de la futura exclusión de Bolsa, según explica Gómez Bada, se produjo en noviembre de 2018: Eduardo Santos-Ruiz Díaz compró un 1% del capital, pasó a controlar más del 50% y lanzó una opa obligatoria a 108,73 euros por título.

Esa opa se lanzó a cuenta de un crédito por un máximo de 290 millones concedido por CaixaBank a Mazuelo, sociedad en la que consolida Barón de Ley. Esto es clave. El comprador se valió del balance de la cotizada, con su amplia caja, para que se lo dieran. Y no solo para comprar las acciones en la opa, también las que adquirió en mercado antes de que se consumara.

La normativa, en todo caso, no obliga a vender si la opa es aprobada, pero la empresa dejará de cotizar y sus títulos serán ilíquidos. Para la exclusión Barón de Ley ha llevado a la CNMV un informe de Renta 4.

Barón de Ley tiene un tamaño nada despreciable para la Bolsa española (capitaliza unos 450 millones) pero ni un analista sigue en la actualidad a la compañía de forma activa, según Bloomberg. En agosto de 2018, antes de que sucediera todo el proceso con el lanzamiento de la primera opa, seis expertos la cubrían. BBVA, Exane BNP Paribas, Banco Sabadell, Kepler Cheuvreux, CaixaBank y JB Capital Markets le asignaban precios de 106 a 127,5 euros por acción.

La mitad de los expertos aconsejaba comprar y la otra mitad, mantenerse neutral. Desde Avantage Fund se asegura que desde Barón de Ley se ha desincentivado su seguimiento por parte de los analistas para ocultar su valor real.

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