El Gobierno prolonga este martes la prohibición de los desahucios y de las subidas del alquiler
Parte del escudo social, que terminaba esta semana, se dilata hasta el 31 de enero de 2021
El Consejo de Ministros aprobará este martes, dos días antes de la llegada de octubre y de la finalización de las medidas de protección en materia de vivienda adoptadas al comienzo de la pandemia, una prórroga hasta el próximo 31 de enero de parte del conocido como escudo social. Estos mecanismos, que entraron en vigor el pasado mes de abril, tenían una vigencia de seis meses, por lo que expiraban a finales de esta semana.
El Gobierno, según explican fuentes de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y Economía, prolongará por un lado la prórroga que prohíbe los desahucios y, por otro, la posibilidad de alargar los contratos del alquiler en las mismas condiciones en las que se habían firmado antes del impacto del coronavirus Covid-19, esto es, sin poder subir las rentas.
Respecto a la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, los hogares tendrán que acreditar que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad adoptados en abril por el Gobierno, y que se mantienen. Así, no podrán sufrir un desahucio quienes se encuentren desempleados debido a la crisis del Covid-19, quienes haya sufrido un ERTE, quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
Para acreditar esta vulnerabilidad, el conjunto de la unidad familiar no podrá superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), unos 1.613 euros mensuales en total, a los que se le añaden 0,1 veces el Iprem en caso de tener menores o personas mayores a cargo, y 0,15 veces el Iprem en el caso de ser familias monoparentales (1.667 y 1.694 euros al mes respectivamente). En el caso de ser empresario o autónomo, se debe haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%.
También se prolongarán las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler. Propietarios e inquilinos podrán negociar las rentas, y en el caso de no llegar a acuerdos, los dueños tendrán que decidir entre rebajar el 50% del alquiler o reestructurar el pago de la deuda durante un abanico de hasta tres años. Cuentan como grandes tenedores de vivienda aquellas personas físicas o jurídicas con 10 o más inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados construidos, exceptuando trasteros o garajes.
Quedan en el aire todavía las medidas que atañen a la moratoria hipotecaria oficial y las relativas al corte de suministros básicos como el agua, la electricidad y el gas. Fuentes del Ejecutivo de coalición explican que estos detalles siguen negociándose entre las carteras competentes y que "hay cierta voluntad" de volver a sacarlos adelante, si bien nada está asegurado todavía.
Por el momento, y la espera de las negociaciones, ambas medidas están vigentes hasta el 30 de septiembre. Así, en el caso de la moratoria hipotecaria, los usuarios podrían solicitar la prórroga oficial durante tres meses sin devengo de intereses y sumar después, durante otros nueve meses, la moratoria sectorial acordada por el sector bancario, en este caso con devengo de estos intereses.
Sobre la firma