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Crisis sanitaria

El Gobierno prepara el plan para intervenir Madrid sin 155 ni estado de alarma

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se despiden después de ofrecer una rueda de prensa tras su reunión en la sede de la Presidencia regional, en Madrid.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se despiden después de ofrecer una rueda de prensa tras su reunión en la sede de la Presidencia regional, en Madrid.EP

El Gobierno estudia la intervención en la Comunidad Madrid para poder tomar medidas que frenen los contagios de Covid-19 sin tener que aplicar el estado de alarma ni otras medidas drásticas como el artículo 155 de la Constitución, mediante el decreto de la 'nueva normalidad'.

Para tomar el control de la situación, el Gobierno recurrirá al real decreto ley en el que se desarrollaba lo que se denominó la 'nueva normalidad' y que se aprobó el pasado junio. En dicha norma se articuló una salvaguarda para que el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, pudiese actuar sin tener que recurrir a medidas más invasivas como el estado de alarma o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el real decreto, el artículo 65 se refiere a "actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria" y detalla que "la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas."

Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia confirmaron que las actuaciones en las que trabaja el Gobierno pasan por la aplicación de ese artículo. En caso de urgencia, Sanidad podría actuar y tomar medidas amparadas en una orden ministerial, primero, y luego informar a las comunidades autónomas de las decisiones tomadas.

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