España no puede permitirse perder más tejido industrial con esta crisis

Además de planes sectoriales son necesarias reformas estructurales capaces de flexibilizar la economía y facilitar la supervivencia de las empresas

La crisis económica que ha provocado la lucha contra el Covid-19 ha golpeado a todos los ámbitos de la economía española, con cierres de empresas y un acelerado proceso de suspensión y destrucción del empleo. El fenómeno ha afectado con virulencia a la industria, que acumula ya más de 5.000 despidos y donde las previsiones apuntan a que los recortes de plantilla seguirán creciendo. La declaración del estado de alarma al inicio de la pandemia provocó la paralización de muchas plantas de producción y la activación de ERTE para miles de trabajadores. A ello se unió la decisión de algunas compañías, que ya arrastraban una situación crítica antes de la irrupción del Covid-19, de iniciar procedimientos masivos de despido colectivo ante la brusca caída de la carga de trabajo, así como de adelantar el cierre de centros de producción, como ocurrió con Nissan en Barcelona. Entre las grandes empresas que han anunciado recortes de empleo figuran compañías de muy distintos sectores, como el aeronáutico, la siderurgia, la alimentación o el automóvil, donde las cifras prevén la pérdida de entre un 6% y un 10% del empleo directo este año, lo que equivale a entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo.

Ante un panorama como este, la industria ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de medidas que faciliten su supervivencia, promuevan la transformación digital que tiene pendiente el sector y pongan freno a un proceso de deslocalización que en España ha sido siempre una constante en tiempos de crisis y cuyos efectos dañinos para la economía se consolidan en el tiempo. Entre esas demandas figuran líneas de incentivos a la inversión, un recorte de los costes energéticos, respaldo a la exportación y al acceso a mercados exteriores y una política fiscal que no agreda a las empresas con nuevos impuestos que lastren su competitividad.

El Gobierno ha aprobado un plan de ayuda para el sector del automóvil y ha acordado con patronal y sindicatos negociar otro para la industria aeronáutica. Se trata de políticas sectoriales urgentes, que deben diseñarse en diálogo con las empresas y beneficiarse de las ayudas que Europa ha aprobado para afrontar esta crisis, pero que han de completarse también con reformas estructurales capaces de flexibilizar la economía y facilitar la supervivencia del tejido empresarial en una crisis de dimensiones e intensidad históricas. Es el caso de una legislación laboral eficiente, una política fiscal competitiva, costes energéticos que incentiven la inversión y un respaldo a iniciativas que aceleren la transformación digital en el conjunto de la industria. España no puede permitirse seguir reduciendo su tejido industrial con esta crisis, sino que debe aprovechar para sentar las bases de un nuevo modelo de futuro.